Mientras el tribunal oral daba a conocer el veredicto en el juicio de Vialidad en contra de Cristina Kirchner, desde el oficialismo pusieron en marcha una ofensiva en contra del Poder Judicial, con ejes en el polémico viaje de jueces, empresarios y funcionarios de la oposición a Lago Escondido y en la pelea por la composición del Consejo de la Magistratura.
Las repercusiones en el kirchnerismo por el encuentro en la mansión del multimillonario británico Joe Lewis no se hizo esperar. Los supuestos chats de Telegram incriminatorios que se mantuvieron entre los concurrentes, que fueron filtrados, y el pedido de mantener la reunión sin ningún tipo de divulgación mediática por parte de los protagonistas, incrementaron las sospechas en el Gobierno. A la denuncia por incumplimiento de funcionario público y dádivas, anunciado por el presidente Alberto Fernández en una cadena nacional, se sumaron distintas reacciones de diversos sectores del Frente de Todos.
Los investigados en esta causa al que se los denomina “la mafia judicial” son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; el ex espía de inteligencia Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit SA; Pablo Casey, directivo del Grupo Clarín SA, y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Por otra parte, desde el Poder Legislativo, los diputados y senadores de la coalición gobernante elevaron una carta a la Corte Suprema donde se exige que “arbitre los medios necesarios para la completa integración del Consejo de la Magistratura”. El reclamo se complementa con el pedido de juicio político a los jueces presentes en la reunión en la lujosa residencia de Río Negro.
Por otro lado, la contraofensiva del kirchnerismo también apunta desde la Legislatura porteña al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D‘Alessandro. Acompañando al funcionario porteño en el controversial cónclave se encuentra el jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques. El legislador porteño del kirchnerismo Javier Andrade declaró: “No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político a Juan Bautista Mahiques y Marcelo D’Alessandro. Como bloque, necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra Ciudad, estén a la altura de las circunstancias”.
Por ese motivo, el kirchnerismo convocó para este miércoles a los otros bloques políticos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para intentar iniciar un juicio político a los señalados, aunque se estima que no conseguirán el número. De las sesenta bancas, Juntos por el Cambio ocupa 32 y el Frente de Todos 19, mientras que el resto de los legisladores se reparten entre La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Consenso Federal.
“Resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020”, señalaron los legisladores del FdT.
