El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy la elevación a juicio oral y público del jefe de Gobierno de porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas telefónicas en la que están procesados ex funcionarios y policías, entre otros.
El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue hecho ante el juez federal Norberto Oyarbide y alcanzó, además de Macri, al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y al ex policía-espía Ciro James.
También abarcó al ex juez misionero José Luis Rey, así como a los policías de aquella provincia Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana, informaron a DyN fuentes judiciales.
En esta causa Macri está procesado como presunto integrante de una asociación ilícita dedicada a montar una red de espionaje a través de la cual se intervinieron teléfonos de manera ilegal a empresarios, políticos, abogados y dirigentes sociales.
El fiscal consideró que la investigación de la causa está terminada y solicitó que Macri sea enviado a juicio por los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica e intercepción de las comunicaciones por la "pinchadura" del teléfono de su cuñado, Néstor Leonardo.
Por su parte, Palacios, primer jefe de la policía de Macri, está acusado por los mismos delitos en cinco hechos de escuchas a Sergio Burstein, referente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, al empresario periodístico Carlos Avila y a dos gerentes del supermercado Coto.
En tanto, a James se lo acusa de ocho hechos de intervención de teléfonos y junto con Palacios estuvieron presos un año en la causa, hasta que fueron liberados en diciembre de 2010 por la Cámara Federal.
Las tres querellas de la causa también pidieron la elevación a juicio y ahora el juez Oyarbide deberá solicitarle opinión a las defensas sobre los planteos, a los que se pueden oponer.
Luego de eso, Oyarbide deberá resolver si envía la causa a juicio y sortea el tribunal oral que tendrá el caso.
En la investigación que se inició en 2009, la Cámara Federal sostuvo, cuando confirmó los procesamientos, que Macri "conoció y prestó su consentimiento para instalar" en la Ciudad "un aparato de inteligencia prohibido".
El jefe de Gobierno se ha defendido asegurando que la causa es "un invento hecho por el kirchnerismo" con la que se pretende "complicar el día a día de la gestión de la Ciudad" de Buenos Aires.
