Lázaro Báez habría tratado de transferir una parte de los 120 millones de dólares de su fortuna ayudado por su novia, quien lo visitó el pasado martes 24 de junio en la prisión de Río Gallegos, donde se encuentra alojado cumpliendo su condena. Frente a las acusaciones, el exempleado bancario aseguró que su pareja solo intentaba realizar un trámite para poder contratar abogados defensores adicionales.
El fiscal Diego Luciani denunció lo ocurrido al Tribunal Oral Federal N° 2, que es el encargado de realizar el decomiso de más de 84.0000 millones de pesos contra Cristina Kirchner, Báez y el resto de los condenados por la Causa Vialidad.
“Existen pues, elementos suficientes para sospechar que el señor Báez se disponía a celebrar actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso que se encuentra ya en condiciones de ser ejecutada”, detalla el escrito que presentó Luciani a los jueces el pasado viernes 27 de junio al cual accedió el diario La Nación.
Qué pasó durante la visita de la novia de Báez al penal
La escena que despertó las sospechas del fiscal ocurrió el martes 24 de junio, a las 9 de la mañana, cuando Claudia Insaurralde, novia de Báez, se presentó en el penal de Río Gallegos y, antes de que las autoridades revisaran sus pertenencias, advirtió que tenía “un escrito de poder” a su nombre junto a documentos vinculados a propiedades pertenecientes al exempleado bancario que debían ser firmados por su pareja.
Los penitenciarios no permitieron el ingreso de los papeles y le explicaron a la mujer que esa clase de documentación solo podía tramitarse a través de los mecanismos judiciales establecidos. A continuación, guardaron los registros y se lo devolvieron cuando terminó su visita. Luego, les consultaron a los jueces del tribunal oral cómo actuar si se presentaba una circunstancia similar de nuevo.
Frente a lo ocurrido, Luciani comenzó a sospechar que la intención de Báez fue transferirle a su novia parte de sus propiedades para evitar que sean decomisados por los jueces que dictaron su condena, por ese motivo, les pidió que aceleren el procedimiento. El problema es que todavía no se tasaron los bienes ni se actualizó la cifra de 84.000 millones de pesos que deben devolver los condenados.
Fuentes cercanas a Báez negaron que el empresario haya planeado una maniobra ilegal. “Al entrar como visita, uno no puede llevar nada encima; por eso la señora explicó que ella ingresaba como apoderada y exhibió el poder; necesitaba que Lázaro le firmara la designación de un abogado del estudio del doctor Villanueva porque el abogado se iba de viaje”, explicó una persona cercana a Báez.
Desde el entorno del empresario agregaron que Insaurralde entró llevando dos designaciones de abogados y un poder que el propio Servicio Penitenciario le hizo en la cárcel de Ezeiza en 2020. Los papeles fueron enviados al Tribunal Oral Federal 4, que condenó a Báez por lavado de dinero en la causa de “La Ruta del dinero K”, y ya fueron firmados y designados los letrados correspondientes; sin embargo, solo les presentaron los escritos para la designación de nuevos abogados, ningún poder.
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Cuando toda esa información llegó al TOF N.°2 que condenó a Báez por el caso Vialidad, Luciani comenzó a sospechar e, inmediatamente, presentó un escrito de “pronto despacho”, remarcando que viene pidiendo hace tiempo que se decomise la fortuna de todos los condenados, incluyendo a Cristina Kirchner.
Es importante recordar que, en el año 2016, la expresidenta le cedió a sus hijos, Máximo y Florencia, las propiedades que había heredado de su marido, Néstor Kirchner, y por ese motivo su patrimonio oficial disminuyó a 250 millones de pesos. La Justicia piensa que esos bienes (decenas de propiedades, hoteles, vehículos, chacras en El Calafate y los 6 millones de dólares encontrados en la caja de seguridad de Flor) deberían ser decomisados en la causa de Vialidad.
El pedido de Luciani y Mola
Ahora, Luciani, junto al fiscal Sergio Mola, presionan a los jueces para que implementen, lo más rápido posible, el decomiso. En su justificación, explicaron: “Las medidas solicitadas son indispensables para asegurar que el delito cometido no rinda beneficios para los delincuentes”.
Y luego advirtieron que, “de lo contrario, el avance que se logró en este histórico proceso, podría verse opacado debido a la emisión de un mensaje confuso hacia la sociedad, consistente en que, aun cuando la gran corrupción logra ser juzgada y condenada, el condenado y su familia habrán igualmente concretado su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos que les detrajeron a sus conciudadanos”.
Los fiscales sostienen que decomisar estos bienes tiene una gran importancia por el daño social, “inconmensurable y sin precedente”, generado por los hechos de corrupción en la obra pública vial ocurridos en la provincia de Santa Cruz donde los “millonarios montos” desviados hicieron que no pudieran concretarse 51 obras “y afectaron la capacidad del Estado Nacional para atender necesidades básicas de la población argentina durante doce años”.
Según Luciani y Mola, en lugar de usarse esos montos para beneficiar a la sociedad, fueron “usufructuados en provecho propio (sin control ni límite alguno) por Lázaro Báez; por el matrimonio Kirchner; y por el resto de los imputados”.
Luego advirtieron que, si no se toman medidas rápidamente, lo conseguido con estas condenas “podría verse opacado debido a la emisión de un mensaje confuso hacia la sociedad, consistente en que: aun cuando la gran corrupción logra ser juzgada y condenada, el condenado y su familia habrán igualmente concretado su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos”.
La sentencia condenatoria en esta causa fue dictada contra las siguientes personas: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
El monto del embargo
El 9 de junio pasado, Luciani y Mola solicitaron incrementar la suma de las medidas cautelares ya ordenada, hasta cubrir el monto determinado en la sentencia condenatoria de 84.835.227.378,04 pesos. En el caso particular de Kirchner se pidió que el embargo se haga “aun cuando la titularidad de los bienes mencionados se encuentren a nombre de Máximo y Florencia Kirchner”.
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Para Lázaro Báez, se solicitó un embargo sobre los bienes y el dinero de sus sociedades (por ejemplo, Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., etcétera), más sumas a cobrar en procesos sucesorios o concursos preventivos. Además, se pide información detallada sobre el estado de la quiebra de su histórica compañía Austral Construcciones S.A.
Los fiscales señalan que su intención es mandar un mensaje a la sociedad diciendo que “el delincuente, además de cumplir con la pena de prisión e inhabilitación, no se quedará con aquello que se apoderó ilegítimamente, lo que fortalecerá nuestras instituciones”.
HM / Gi
