En medio de los reclamos por el régimen de visitas a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por la causa Vialidad, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal propuso una audiencia para el 7 de julio para analizar quiénes pueden visitarla en su departamento de Constitución, donde cumple con la prisión domiciliaria. De esta manera, se tramitará desde hoy el recurso presentado por la ex mandataria contra la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, el cual dispuso una lista corta de visitantes que pueden ingresar sin autorización especial a la vivienda.
Las únicas personas que pueden entrar sin pedir permiso son los integrantes de su familia, abogados, policías y médicos. El resto (incluso políticos o hasta presidentes extranjeros), deben solicitar un permiso especial, además de explicar y poder justificar el por qué de la visita.
La manera de definir si el mecanismo establecido por la Justicia se mantiene o cambia será a través de dicha audiencia pactada para julio próximo. Allí, el presidente de la Sala IV de la Cámara de Casación, el juez Mariano Borinsky, escuchará los argumentos de la defensa (Alberto Beraldi y Any Llernovoy), y la fiscalía, presidida por Mario Villar. La Sala IV está integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
La fecha se estableció en función del vencimiento del plazo (el 3 de julio) para que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelen la decisión del tribunal oral que otorgó la prisión domiciliaria. Ambos representantes del Ministerio Público habían solicitado que la condena a seis años se cumpla en una unidad penitenciaria federal, y dejaron constancia de que podrían recurrir ante Casación. Si presentan el recurso, el tribunal evaluará todos los planteos de manera conjunta.
El fallo que dispuso la prisión domiciliaria fue dictado el 17 de junio, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena por administración fraudulenta. En su resolución, el tribunal oral estableció que la expresidenta debe cumplir con una serie de condiciones: no perturbar el orden público, restringir las visitas al domicilio de San José 1111 y utilizar una tobillera electrónica. Estos dos últimos puntos fueron impugnados por la defensa, aunque la Cámara de Casación aún no se pronunció sobre esa cuestión.
Mientras tanto, el tribunal oral recibió más de 900 pedidos de particulares, junto a notas formales presentadas por 44 diputados y 30 senadores nacionales, solicitando autorización para visitar a la exmandataria. Todos esos pedidos fueron derivados a los abogados defensores, quienes deberán gestionar los permisos. Tras la audiencia del 7 de julio, la Cámara de Casación tendrá cinco días hábiles para tomar una decisión.
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Senadores y diputados de Unión por la Patria notificaron a la Justicia de su derecho a visitar a Cristina Kirchner "sin restricciones"
Antes de que se conociera la convocatoria de la Justicia a una audiencia, legisladores del kirchnerismo notificaron al Tribunal Oral Federal N° 2 para poder asistir a la vivienda de la expresidenta, ubicada en el barrio de Constitución. De hecho, aseguraron que asistirán “en cada oportunidad que sea necesaria”.
En el comunicado público, difundido en la cuenta de X (ex Twitter) de los Senadores de UxP, expresaron: "Como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta".
A su vez, los legisladores señalaron: "En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella (nos amparamos en la práctica de visitas a detenidos en prisión domiciliaria sin autorización previa y en normativas internacionales de derechos humanos como el PIDCP y la CADH)".
Por último indicaron que la situación de la ex mandataria como figura política de gran relevancia "reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país". En este sentido, sostuvieron: "Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida".
TC / Gi
