El jueves, el fiscal federal Guillermo Marijuan esperaba escuchar a un Lázaro Báez arrepentido. El segundo “colaborador eficaz”, después de Leonardo Fariña, en la causa de “la ruta del dinero K”. Pero el empresario de la obra pública necesitaba más tiempo. Por eso, se presentó ese día ante el juez federal Sebastián Casanello y pidió una prórroga para su segunda indagatoria. Ante la negativa del juez y del fiscal, Báez presentó un escrito reforzando su ya conocida versión de los hechos. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes judiciales.
Luego de varios días de mensajes, emisarios y propuestas, el empresario había comenzado a evaluar la posibilidad de empezar a admitir no sólo su responsabilidad en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años, sino también la de Néstor y Cristina Kirchner. A la hora de decidir si debía hablar, pesó la presión de parte de su familia. Pero pesó, por sobre todo, una oferta de la fiscalía: Marijuan estaba dispuesto a pedir al juzgado la excarcelación de Báez si, eventualmente, el empresario aportaba información certera y pruebas sobre la responsabilidad de los funcionarios publicos en el sistema de sobreprecios en la obra pública, sobornos y el posterior lavado de esos fondos. En la causa, están imputados desde la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido y varios miembros del entorno de la familia Kirchner.
Antes del jueves, Báez recibió en el penal de Ezeiza las visitas de abogados que habrían cambiado su parecer a último momento. Por eso, intentó seguir negociando al pedir al juez que aplace su indagatoria. Uno de los letrados que lo visitó fue Fernando Burlando. La abogada de Martín Lanatta –condenado por el triple crimen de la efedrina–, Elizabeth Gasaro, fue quien tuvo éxito. Logró que Báez la contratara como defensora en la causa por la construcción del Mausoleo de Néstor Kirchner, como contó ayer La Nación. Gasaro pertenece al estudio del ex juez Héctor Yrimia, vinculado a los servicios de inteligencia y denunciado por el fiscal Alberto Nisman en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA.
El mensaje de los emisarios del kirchnerismo a Báez habría sido que “aguante dos años”. Cuando se venza la prisión preventiva en ese plazo quedará libre, esperando el juicio oral. Si habla, dicen, no podrá volver a su provincia ni conservar los bienes que la Justicia aún no detectó. Para la Justicia, lograron frenar que hable. Así lo informaron fuentes de la causa a PERFIL. Pero no fue sólo gestión de letrados. Los hijos de Báez tienen posiciones encontradas con respecto a la estrategia que debería adoptar su padre. No todos están de acuerdo con que hable y escupa para arriba.
Fuentes directas de la causa contaron a PERFIL que uno de los hombres que “acercó posiciones” entre Marijuan y los abogados de Báez es el fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, uno de los hombres más poderosos de los tribunales. En la fiscalía de Pleé negaron cualquier participación del funcionario, dijeron que no conoce a Báez ni a sus abogados y que sólo es consultado por jueces y fiscales sobre cómo aplicar la figura del arrepentido a las causas de corrupción.
El fiscal Pleé había publicado en La Nación un artículo que sostenía las bases jurídicas a las que apeló Fariña para entrar en el programa de protección de testigos e imputados. Pleé está enfrentado al kirchnerismo desde la llegada de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y su apartamiento de la unidad antilavado. Es uno de los hombres de consulta del macrismo sobre temas judiciales. “Aquellos que se escudan en la ‘inexistencia’ de una legislación adecuada están faltando a la verdad –acaso para justificar el fracaso de investigaciones truncas o estancadas– o incurren en un grave error”, publicó Pleé el 30 de marzo. “La legislación sobre el arrepentido, así como la del ‘testigo o imputado colaborador’ (en otros términos, la de la ‘colaboración eficaz’), está vigente y puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que uno de sus objetos procesales sea el lavado de activos de origen ilícito. Y esto ocurre desde junio de 2011”, agregó el jurista. Una semana después, Fariña se presentó como el primer arrepentido de la era K.
De Vido frenó un allanamiento con los fueros
El juez federal Luis Rodríguez ordenó allanar la casa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en una causa en la que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, pero tuvo que suspender el procedimiento porque la defensa del ex funcionario le advirtió que posee fueros por su condición de diputado nacional. Así lo informó la agencia Télam.
El procedimiento se había ordenado sobre un departamento de Avenida del Libertador 2275, en la ciudad de Buenos Aires, pero la defensa del funcionario informó que en ese lugar vive actualmente De Vido, quien tiene fueros por su condición de diputado nacional.
Ante esto, el juez Rodríguez ordenó suspender el allanamiento, que fue hace una semana y que tenía como objetivo “obtener libros societarios de Uni Vite Argentina SA”. Se trata de una firma de negocios inmobiliarios. El último socio de la empresa había establecido domicilio en el departamento de De Vido.
