Durante las negociaciones con Repsol por el pago de la deuda luego de la expropiación de las acciones de YPF circularon dentro del Gobierno dos documentos (dictámenes) sobre el futuro de las licencias de medios que posee el Grupo Telefónica, de capitales españoles.
Uno, que acepta la propuesta que hizo Telefónica para ajustarse –“adecuarse”– a la Ley de Medios y el otro, totalmente contrario, que la obligaba a vender Telefe, la señal que ha operado con una línea editorial poco crítica del Gobierno. Ambos tienen argumentos legales que fundamentan el articulado de cada fallo, aunque sean prácticamente contrarios. Esos fallos siguen vigentes.
Es que la decisión de obligar a Telefónica a vender Telefe depende sólo de la decisión de Cristina Fernández de Kichner, coinciden diversas fuentes del Gobierno. En sus manos está el futuro del canal de televisión abierta con mayor audiencia de la Argentina.
No se trata, de todos modos, de una decisión caprichosa. El Gobierno decidió postergar el dictamen de la Afsca sobre esa cuestión a la espera de que Repsol apruebe la oferta que hizo la Argentina para pagar la deuda con bonos soberanos hasta 2033. El directorio de la Afsca iba a tomar una decisión a fines de febrero, luego a mediados de marzo y ahora volvió a postergarse.
No se trata de una cuestión técnica: el Gobierno espera que en la reunión del Consejo de Administración de Repsol en España se ratifique la oferta que hizo Argentina, el próximo 28 de marzo. Anticipar la noticia sobre el futuro de Telefe antes de esa cumbre resulta para el Gobierno un claro error político. La gran pregunta es si finalmente el Gobierno medirá con la misma vara a todos los grupos de medios o, por el contrario, premiará a España y su señal insignia en la Argentina, abriendo nuevos amparos en la Justicia de los grupos perjudicados.
