El Gobierno cumplió el primer semestre con la meta fiscal con el FMI con algunos artilugios contables, pero de cara a la segunda mitad del año deberá llevar a cabo una reducción del gasto en términos reales para cumplir con el objetivo anual del 2,5% del PBI. La alta inflación que se proyecta alrededor del 86% permitirá licuar parte del gasto, más el ajuste en algunas partidas como pueden ser las transferencias a provincias son las expectativas del Ejecutivo para fin de año. Sin embargo, le queda poco margen para las presiones dentro del oficialismo en materia social como puede ser implementar un Salario Universal.
“Ante las acotadas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit primario esperamos una segunda mitad del año asignada necesariamente por una mayor austeridad fiscal”, dijo a PERFIL Bruno Nicolás Bonfanti, economista de Ecolatina.
Y agregó: “Estimamos que el cumplimiento de la meta anual del 2,5% del PIB exigirá una reducción real del gasto primario en el segundo semestre en torno al 10% interanual, aunque también deberá reducirse en términos reales contra el primer semestre de 2022 dado el elevado nivel del gasto en los últimos meses”.
En la semana, el Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal de junio y arrojó un déficit primario de $321.644 millones. “El déficit primario del primer semestre fue del 1,05% del PBI, cumpliendo con la meta del primer semestre establecido por el Programa de Facilidades Extendida del 1,14% del PBI”, detallaron desde el Palacio de Hacienda.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso el déficit fiscal se disparó 92% en el primer semestre del año, del cual surge que el gasto público es el único que le gana a la inflación, que acumuló un 36,2% en la primera mitad del año.
Fue como consecuencia del crecimiento del 38% real de los subsidios energéticos, lo cual el Gobierno busca revertir con la segmentación tarifaria.
En ese sentido, el Ejecutivo puso en marcha la segmentación de la tarifa para la luz y el gas, medida que está en su fase inicial de inscripción, y que fue motivo de disputa interna dentro del oficialismo.
Las partidas más accesibles para ajustar son los gastos operativos y para las provincias
En este punto, Bonfanti explicó con relación al gasto en subsidios, que pese a que la segmentación tarifaria es una medida que apunta a reducir el gasto primario, “creemos que en el corto plazo mostrará un impacto acotado dado que solo regirá en los últimos meses de 2022”.
“A su vez, el atraso en los pagos que se evidenció en junio (cerca de $ 100 mil millones) deberá ser cancelado en los próximos meses. En tal sentido, según nuestras proyecciones el gasto en subsidios como porcentaje del PBI se mantendría en niveles similares a los de 2021, por lo que el gasto deberá recortarse en otras partidas”, añadió el economista de Ecolatina.
Para poder llegar a fin de año, el segundo semestre deberá contar con una reducción del gasto en términos reales respecto al primer semestre, debido al nivel elevado de los últimos meses, para contabilizar un achicamiento real del 10% interanual y cumplir con la meta anual del 2,5% del PBI establecido con el FMI.
Medidas de ajuste: el Gobierno aumenta el boleto de trenes y colectivos un 40%
Las partidas más accesibles para ajustar son los gastos operativos y las transferencias a provincias y universidades. Pero una aliada contable será la alta inflación que se estima en un 86% para 2022. A pesar de provocar una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, le permitirá al Ejecutivo licuar el gasto público más allá de un avance nominal.
“En materia social estimamos que van a evitar repetir un nuevo refuerzo de ingresos como el que se vio en mayo y junio”, concluyó Bonfanti.
Este punto es crucial debido a las tensiones dentro del oficialismo respecto a un sector que pide por una Salario Universal y no perder con la escalada inflacionaria.
Los gastos sociales durante el primer semestre tuvieron un comportamiento expansivo: programas como las becas Progresar y el Potenciar Trabajo crecieron 28% real, las asignaciones familiares aumentaron 11,7% por el refuerzo que dio el Gobierno.
Además, las jubilaciones y pensiones, uno de los principales gastos en términos absolutos, subieron un 6,3% real, debido a los bonos que completaron a los ajustes de la Ley de Movilidad.
