En un delicado desfiladero, el Gobierno intenta reactivar la economía, renegociar con los acreedores y cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este punto, en silencio, acumula medidas de austeridad y prepara otras, tratando de mostrar una mejora en la caja del Estado que sea clave para que el organismo multilateral avale el planteo de una quita importante a los acreedores privados. En los últimos diez días, esos esfuerzos tuvieron la forma de un decreto sobre el empleo en el Estado que pasó casi inadvertido, y el anuncio del viernes con el aumento decreciente para jubilados que desindexa los haberes respecto de la inflación. En las próximas semanas, podría haber nuevas definiciones que muestren que Alberto Fernández encabeza un gobierno peronista que puede ser también austero.
La mejora del 13% para los jubilados que ganan la mínima y el incremento de suma fija de $ 1.500 más un 2,3% extra para el resto de los haberes suponen un ahorro fiscal respecto de lo que se hubiese gastado con la aplicación de la indexación jubilatoria fijada en 2017. Qué tan grande es el ajuste todavía está en debate y difiere según qué se estime que hará el Gobierno con los incrementos discrecionales que restan, y también cómo se resuelva que sea la nueva movilidad que se mande al Congreso. El equipo del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social estima un ahorro anualizado del 0,2%, unos $ 45 mil millones. Otros cálculos, como el de la consultora LCG, consideran que el ahorro fiscal puede estar en el orden del 0,5%, unos $ 100 mil millones al año. Estos cálculos podrían ser menores si se les resta el gasto por única vez de los dos bonos de comienzos de año de $ 5 mil, pero lo más relevante para el plan económico es que corta la actualización de la mayor parte del gasto público según la inflación pasada, un reclamo del FMI en todos sus reportes durante la administración anterior. El principal efecto, además, es que se congela el gasto previsional en términos del PBI, en el orden del 11%.
Allí también pedía aumentos en las alícuotas de retenciones, y sugería también mayor recaudación en impuesto a la riqueza, todas medidas que el actual gobierno ya tomó a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se votó en diciembre. Es esa ley la que permitió por mayor recaudación y con el desanclaje del gasto de la seguridad social revertir lo que iba a ser un déficit del 2 al 3% del PBI y convertirlo en un muy posible déficit cero, más allá de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteara ese escenario recién para 2023.
Sin mucho ruido, en tanto, el Gobierno completa el escenario de medidas en línea con el Fondo. Con el decreto 132, suspendió por seis meses las designaciones de la administración pública nacional y puso en revisión los nombramientos de la administración anterior. Según pudo saber PERFIL, hay en estudio en tanto otras medidas de igual sentido, no tan importantes en el impacto del gasto como sí en lo simbólico. Podría salir un decreto que deje fuera de la doble indemnización al personal del Estado. Sería una forma, además, de apuntarles también a los empleados jerárquicos de la gestión anterior que se han querido quedar en puestos donde llegaron con la política y reclaman para irse el doble beneficio fijado por la Casa Rosada para preservar el empleo en la crisis.
