En otra medida que busca condenar al nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el Gobierno de Mauricio Macri, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), decidió que todos los bancos, entidades financieras y escribanías estén obligadas a informar como sospechosas todas las operatorias vinculadas con unos 100 funcionarios y una veintena de empresas vinculadas al régimen chavista. La circular de la UIF, a la que tuvo acceso PERFIL de parte de uno de los sujetos obligados, incluye un listado de personas físicas y jurídicas que ahora quedaron bajo la mira del organismo: el número uno es Nicolás Maduro Moros.
La decisión se sustenta en la decisión de la administración macrista, en consonancia con el Grupo de Lima, de desconocer la legitimidad del nuevo mandato de Maduro iniciado hace apenas diez días. La circular establece que “resulta propicio alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino sobre los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo en dicha jurisdicción”. El listado incluye a funcionarios, familiares y allegados y empresas del estado, con participación estatal o vinculadas a funcionarios.
Entre ellos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ex vice y actual ministro Tareck El Aissami, la titular del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
En su argumentación, el organismo que conduce Mariano Federici tilda al régimen bolivariano como una “verdadera cleptocracia” y habla de “niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada”. Y considera que los funcionarios apuntados en el listados buscan “seguir enriqueciéndose ilegalmente a título personal”.
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Así, la circular de la UIF requiere a los sujetos obligados a informar sobre todas las operatorias como así también todos los bienes y activos que tengan registrados a nombre de los funcionarios o empresas que aparecen en el listado. Además, advierte sobre “los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolas Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional”.
Según pudo averiguar PERFIL, esta decisión también sería imitada por otros organismo antilavado de los países que conforman el Grupo de Lima y rechazan la legitimidad de Maduro.
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