El Gobierno comienza su semana con dos desafíos: surfear una nueva ola de reclamos que se plasmarán en las calles, que serán protagonizados por la CGT y los movimientos sociales, e intentar retomar la agenda, que perdió el pasado martes con la masiva marcha universitaria. Los retos incluyen la necesidad de ofrecer resoluciones a corto plazo y sobre todo gobernabilidad, con la sanción de la ley Bases.
Lo sucedido el 23 de abril, con una convocatoria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública que fue multitudinaria, escapó a los cálculos oficiales y obligó a la Casa Rosada a ensayar cambios. Por caso, ya da señales de que el próximo martes, en el encuentro con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional en el Palacio Pizzurno, habrá finalmente un apretón de manos por los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, uno de los ejes de la disputa.
De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo piensa clausurar la pelea ofreciendo fondos en línea con la inflación. Es una oferta que los rectores podrían aceptar sin problemas, confían fuentes de La Libertad Avanza en conversación con PERFIL. En ese cara a cara, aportan, aparecerán Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. De la escena estará al margen, pero con posibilidad de observación, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, quien entiende de la problemática, pero fue cuestionado por sus modos de negociación por los rectores, sobre todo por aquellos que poseen vínculos con el radicalismo de Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA.
A cambio del dinero, el Gobierno pretende avanzar con un férreo control de los gastos de las casas de estudio. De todos modos, si se cierra un consenso, la victoria no será total ya que deberá, en otro carril de negociación, sellar el acuerdo paritario con los docentes y no docentes. Un dato que circuló con fuerza en los últimos días: el 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan en las universidades.
En ese terreno, por el momento, y esto lo admiten desde fuentes sindicales y hasta funcionarios de la administración Milei, no hay acercamiento, con cifras que están lejos. El oficialismo ofreció un 8% atado a la paritaria de los estatales y desde el gremialismo avisaron que el incremento de remuneraciones debe estar en orden del 35% y el 40%.
A su vez, en Balcarce 50 saben que tienen una deuda, no menor: sancionar leyes para mostrar gobernabilidad, que pese a la debilidad parlamentaria existe capacidad de lograr consensos. Un punto clave para empezar a capturar la agenda y que estiman que lo pueden conseguir a partir de la sanción de la ley Bases en la Cámara de Diputados. De todos modos, existe conciencia de que el escenario en el Senado es complejo y que es difícil que se alcance a aprobar el proyecto antes del 25 de mayo, fecha establecida para firmar con los gobernadores un pacto.
En medio de este escenario, la administración libertaria deberá sortear conflictos con actores de peso social. La CGT sabe que el Gobierno perdió el control de la calle y varios sectores aseguran que el paro del 9 de mayo no se suspende.
Las organizaciones sociales también se preparan. Acompañarán a la central obrera el 1° y el 9 de este mes y barajan otras opciones de protesta, como una manifestación en la avenida 9 de Julio, frente a la Secretaría de Trabajo o el corte del Puente Pueyrredón. Aunque no quieren ofrecer mayores detalles para no darle tiempo a la gestión de LLA que prepare el protocolo antipiquetes. Todo es mirado por la Iglesia, otro protagonista de la vida social y cuya relación con el jefe de Estado atraviesa el peor momento, con quejas por parte del Episcopado por el panorama social y el progreso del narcotráfico.
Aceiteros frenan las exportaciones
Desde el lunes, Aceiteros anunciaron que detienen la entrada más importante de dólares del país en rechazo a Ganancias y a la reforma laboral. El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará Ganancias y la reforma laboral en Diputados. “Las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores”, lanzó el titular del gremio, Daniel Succi.
En concreto, la medida de fuerza, que afecta el polo agroexportador más importante del país, responde a la indiferencia de los diputados “dialoguistas” y gobernadores “que se sentaron a negociar con el Gobierno el salario de los trabajadores y van a permitir que los ricos blanqueen el capital fugado sin impuestos”, acusó el secretario general del gremio, Daniel Succi.
“Hay que decir las cosas claras: los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias, no le están dando herramientas al Gobierno, solo están traicionando al pueblo trabajador”, señalaron desde el SOEA.
