En la misma semana, la Justicia embistió contra la Casa Rosada con cuatro fallos adversos para el oficialismo. El más impactante es el que ordenó investigar a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras la firma de un decreto que avaló el acuerdo de YPF con la petrolera Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta.
Pero también le impidió al vicepresidente, Amado Boudou, ser sobreseído por el caso Ciccone, declaró inconstitucional el memorándum con Irán e imputó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, por desprolijidades en la investigación de casos de narcotráfico.
Fueron distintos fiscales, jueces y salas. La avanzada judicial descolocó a los operadores del Gobierno, que no pudieron hacer nada para evitarla. “El mejor termómetro de cómo está el poder en la Casa Rosada es Comodoro Py”, dijo un funcionario judicial a este diario. Coincide con el diagnóstico que dan algunos de los miembros del gabinete kirchnerista. “La Justicia está mostrando los dientes, porque ve que el poder está débil. Pero todavía no se sabe cómo termina el partido. Nosotros sabemos que el candidato nuestro está en segunda vuelta; lo que no sabemos, y ellos tampoco saben, es si puede ganar”, explicó a PERFIL un funcionario muy cercano a un ministro. Según su teoría, la Justicia se está posicionando, pero la ofensiva judicial se puede planchar si la balanza de fuerzas se inclina a favor del oficialismo. En ese sentido, considera que el Ejecutivo tiene capacidad de recuperación. “Si arreglamos con los holdouts y con el Club de París, la economía se puede empezar a acomodar. Este no va a ser un final de mandato caótico como fueron otros”, indicó.
Pero reconoció que la debilidad existe y que van a tener que negociar. El Gobierno sabe que tiene que nombrar de acá a 2015 unos 315 jueces. “No vamos a poder nombrar a todos nosotros”, admitió.
En la Casa Rosada también reconocen que este descalabro judicial está ligado al cambio en el lobby judicial desde la irrupción de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general, de la mano del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, en reemplazo de los viejos operadores.
También vinculan este descalabro a la embestida de La Cámpora en el Consejo de la Magistratura, que tiene mayoría en la Comisión de Selección y que pretende quedarse con la administración de los recursos del Poder Judicial, hoy en manos de la Corte.
Otro problema es la Comisión de Acusación del Consejo, donde el kirchnerismo tiene mayoría. Allí se está tratando el futuro de los jueces Claudio Bonadio, Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, todos ellos con pedido de juicio político.
