Manifiesto mi repudio sobre la circunstancia que, aprovechando y excediendo el marco brindado por un conflicto laboral suscitado entre trabajadores con el diario Clarín, se haya avanzado contra las libertades de información y expresión, impidiendo la salida y distribución del aludido matutino.
Remarco muy especialmente la pasividad demostrada por el gobierno que nada hizo por impedir el bloqueo, lo que constituye una demostración más de su desprecio por la prensa no adicta a sus intereses partidarios. Esa conducta es coherente con su falta de reacción cuando días atrás el secretario de prensa del gremio de los camioneros anunció acciones contra los diarios La Nación y Clarín. Su falta de reacción implica no sólo tolerancia y apoyo a los ataques contra la prensa: también exterioriza una clara y ya no disimulable alianza entre el gobierno y el líder sindical camionero.
Echar las culpas de esa conducta sobre la Sra. Ministra de Seguridad es apenas una mirada superficial, muy poco profunda. La verdadera responsable de estos gravísimos hechos es la titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien debió instruir de inmediato a sus funcionarios para que actuasen con prontitud y evitaran que se consumara el atropello.
Pero el rechazo a lo sucedido no puede quedarse en este hecho puntual. Los argentinos y los medios de comunicación deben saber de situaciones de abuso de poder que se repiten en las provincias gobernadas por el oficialismo -como también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, con diversas y diferenciadas metodologías, manejando los medios públicos provinciales como si se tratase de órganos de prensa partidarios, ahogando la libertad y la independencia de la prensa. A la par, los medios privados son sometidos a presiones irresistibles que pretenden su desaparición o venta a empresarios adictos al gobierno.
Igualmente se utilizan desfachatadamente los medios estatales nacionales para realizar publicidad prohibida del partido gobernante y de su eventual candidata, la Sra. Presidenta de la Nación. Justo es reconocer que en la Ciudad de Buenos Aires también se advierte que el Jefe de Gobierno de la misma utiliza los fondos públicos para publicitar su figura. Quien fuera que use de los dineros de los contribuyentes en esa práctica de desembozado desvío, incurre no sólo en incumplimiento de los deberes del funcionario público, sino que confunde a la ciudadanía con simples fines electoralistas.
(*) Diputado Nacional UCR.
