“Estos son los peores meses, pero creemos que vamos a estabilizar la situación”. La frase de un funcionario de peso del área social describe crudamente la realidad. La toma de la Jefatura de Gobierno porteño, los cortes parciales de calles por parte de la agrupación Barrios de Pie y, en especial, los aumentos de tarifas y la inflación obligaron al Gobierno a reforzar la ayuda social en todo el país para evitar desbordes y conflictividad.
Por ello, tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como en Buenos Aires y otras diez provincias se está avanzando con distintas medidas para aumentar la cantidad de fondos para comedores escolares, merenderos, tarjetas alimentarias y programas de trabajo de cooperativas y familias de bajos recursos.
El contexto político y social, con los aumentos de tarifas, obligó al Gobierno a trabajar sobre aquellos sectores más damnificados, mientras monitorea las organizaciones sociales para llegar a fin de año sin sobresaltos ni el país sitiado de protestas. También preparan el plan Indigencia Cero en los cien puntos más pobres del país.
Según pudo saber PERFIL, el aumento más considerable es en el Programa de Seguridad Alimentaria, que pasará de $ 2.200 millones a más de $ 3 mil millones este año.
En este marco, se dispuso en estos días un aumento del 30% en los fondos para los comedores escolares de las provincias. Por caso, la provincia de Buenos Aires se llevará unos $ 40 millones por mes, Santa Fe unos $ 16 millones y Jujuy unos $ 8 millones, entre otras.
Además, un 30% de aumento recibirán los beneficiarios de tarjetas alimentarias de todo el país, como parte de los fondos que les transfiere la Nación. Curiosidades de la herencia kirchnerista: en la primera reunión de funcionarios del área social de todo el país, en diciembre del año pasado y presidida por la ministra Carolina Stanley, Córdoba y San Luis desconocían la existencia de varios programas, ya que jamás habían llegado a sus provincias.
A estos aumentos se suma otro, del orden del 20%, para los merenderos que manejan las ONG (como el caso de Cáritas). Ya comenzaron a firmarse los convenios para garantizar, al menos, 90 mil meriendas (leche fortificada y cereales) al mes hasta fin de año.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en un plan que lanzará en breve para una entrega extraordinaria de 120 mil módulos alimentarios en provincia de Buenos Aires y otras provincias con fuertes carencias. Se trata de módulos con diez productos básicos de primera necesidad que se entregarán a demanda. Cada uno contiene harina, fideos, aceite, azúcar y yerba, entre otros.
Otro 20% de incremento recibieron los 200 mil beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen (pasaron de $ 2.600 a $ 3.120) a partir de mayo. A ellos se sumaron otras 300 mil personas que reciben subsidios del Ministerio de Trabajo para capacitación.
En el Gobierno creen poder paliar la crisis social con estos refuerzos. Dicen que ayuda el trabajo conjunto en el área metropolitana. Claro, el viceministro de Desarrollo Social, Carlos Pedrini, suele resolver con sus pares de Provincia (Santiago López Medrano) y Ciudad (Guadalupe Tagliaferri) muchas de las emergencias. Son todos peronistas pero, sobre todo, incondicionales de María Eugenia Vidal.
Según el Gobierno, esta sintonía entre funcionarios es clave para el diálogo con las organizaciones sociales, desde el Movimiento Evita hasta Barrios de Pie. “Muchos estaban acostumbrados a la doble ventanilla y ahora eso se terminó”, revela un funcionario del PRO.
Mientras tanto, en el Gobierno siguen de cerca los posibles focos de conflicto para que no estallen y devengan en marchas, saqueos o reclamos. Entre las zonas más calientes, hoy identifican Mar del Plata, el Gran Rosario, parte del conurbano bonaerense (La Matanza, Avellaneda, Merlo y Quilmes) y, sorprendentemente (o no), Caleta Olivia, en Santa Cruz. Gran parte del interior, aseguran fuentes oficiales, está más controlado porque la crisis allí es estructural y el sistema asistencialista coexiste con la realidad desde hace largos años.
Indigencia Cero. Paralelamente, aún con el máximo hermetismo, Desarrollo Social está preparando, junto a la Secretaría de Hábitat –que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio–, el plan de Indigencia Cero.
El programa, aún en estado embrionario, tiene como eje cien pueblos con menos de cinco mil habitantes, en especial del norte del país, donde no haya infraestructura básica ni servicios. La idea es que el Estado llegue y comience a mitigar el hambre. Creen los técnicos de Desarrollo Social que en estos lugares se provocan muchas de las muertes por desnutrición del país. Esa no es una imagen que el Gobierno pueda afrontar sin fuertes daños políticos. El plan es a cuatro años.
