El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que redefine el régimen de subsidios al gas en zonas frías y recorta el beneficio en provincias cuyos gobernadores han sido, hasta ahora, aliados circunstanciales del oficialismo. Y el timing no es el más conveniente: la agenda parlamentaria está frenada, el arco político está mas pendiente del escándalo Adorni y las provincias reclaman fondos para obras con urgencia mientras el Ejecutivo no tiene los votos para aprobar varios de sus proyectos clave, como la reforma electoral.
La iniciativa, firmada por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, propone terminar con el subsidio automático del 30% en la llamada "zona ampliada" —incorporada durante el gobierno de Alberto Fernández— y restringirlo a hogares de bajos ingresos inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El problema para el Gobierno es que esa zona ampliada incluye amplias áreas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan: exactamente las provincias de Llaryora, Pullaro, Poggi y Orrego, legisladores que el oficialismo no puede darse el lujo de perder en un Congreso que ya tiene complicaciones.
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El proyecto mantiene el beneficio pleno —sin filtro de ingresos— únicamente en las regiones de "efectiva severidad climática": la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Para el resto de las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el subsidio solo llegará a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales —aproximadamente $4,3 millones según los últimos datos del INDEC—, beneficiarios del ReNaBaP y veteranos de Malvinas. El argumento del Ejecutivo es de eficiencia fiscal: la ampliación territorial "desnaturalizó" el régimen al incorporar áreas sin condiciones climáticas equivalentes, y el fondo que lo financia —un recargo de hasta el 7,5% sobre el consumo de gas en todo el país— ya no alcanza para cubrir el subsidio sin recurrir al Tesoro.
El delicado momento del gobierno se traslada al Congreso
El proyecto llega en un momento particularmente delicado para la relación del Gobierno con los bloques provinciales. El oficialismo no logró sesionar ni la semana pasada ni en la actual, como pretendía, en el Senado de la Nación. La primera fecha posible se corre al 13 o 14 de mayo en la cámara alta y al 20 de mayo en Diputados, con una agenda acotada a proyectos que ya tienen dictamen. Los más sensibles —reforma electoral, discapacidad, inviolabilidad de la propiedad privada— reconocen a PERFIL desde el oficialismo que demandarán semanas de negociación adicional. En ese contexto, los gobernadores que siguen esperando financiamiento para obras ya empezaban a negociar con más exigencias, aprovechando el momento de debilidad del Ejecutivo.
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El momento que eligió el Gobierno para enviar un proyecto que toca directamente el bolsillo de los usuarios de gas de esas provincias podría complicar aún más las alianzas parlamentarias.
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Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce un cambio técnico significativo: la bonificación dejará de calcularse sobre el total de la factura y se limitará exclusivamente al precio del gas en origen, excluyendo los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso reduce el monto subsidiado incluso para quienes sigan calificando para recibirlo. También modifica el circuito de pagos: el Estado compensará directamente a los productores, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena, con el objetivo de evitar la ruptura de pagos que el propio Ejecutivo reconoce como un problema recurrente del sistema actual.
El proyecto deroga varios artículos centrales de la Ley 27.637 —la ampliación kirchnerista de 2021— y fija la vigencia del nuevo régimen hasta el 31 de diciembre de 2031. Como contrapartida, extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero que, según el Ejecutivo, ya no pueden sostenerse fiscalmente. El texto fue firmado digitalmente el lunes 4 de mayo por Milei, Caputo y Adorni. Este último lo hizo en el mismo momento que se conocía un nuevo episodio de su escándalo patrimonial, con los 245 mil dólares que se gastó en las reformas de su casa de country.
Para Llaryora, Pullaro, Poggi y Orrego, el proyecto representa un dilema incómodo. Acompañar al Gobierno en el Congreso con un proyecto que recorta subsidios a sus propios vecinos es un costo político difícil de justificar puertas adentro. Resistirlo, en cambio, implica tensionar una relación que hasta ahora les ha dado réditos en términos de financiamiento.
JD/DCQ
