El Gobierno decidió ayer dejar en suspenso la idea de avanzar en la expropiación de Vicentin y, en cambio, decidió explorar un camino alternativo para lograr el mismo fin: tener el control de la empresa. La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe solicitó ayer la intervención judicial con el objetivo de “evitar la liquidación” y argumentando que los actuales directores “no son idóneos”. Fue justo el mismo día en el que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien entiende en el concurso de acreedores, ordenó reponer a los directivos de la cerealera por un plazo de 60 días y otorgarle a los interventores que dispuso Alberto Fernández el caracter de “veedores”.
El encargado de hacer el anuncio fue el gobernador santafesino, Omar Perotti, luego de reunirse con el Presidente en la Quinta de Olivos. “Hemos pedido la intervención ante el juzgado del concurso para tener la administración de la empresa y dejar de lado la expropiación”, dijo el mandatario.
“Existe un entramado societario que requiere control”, sostiene el texto presentado ante el juez. El alcance de la intervención implicaría “asumir funciones de administración y representación, desplazando al directorio” y se propone a los mismos interventores que nombró el Gobierno nacional (Roberto Delgado y Luciano Zarich) y agrega a Alejandro Bento, hombre de confianza de Perotti.
El DNU de Alberto Fernández preveía un plazo de 60 días de intervención. En este caso, el pedido santafesino sostiene que “la intervención se ordenará por el plazo que transcurra hasta la conclusión del concurso preventivo mediante la homologación del acuerdo preventivo al que se aspira a arribar”.
Freno judicial. Más temprano, el juez Lorenzini le había provocado un revés al Gobierno cuando dispuso que “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”. Además, determinó que los interventores designados por el Poder Ejecutivo “podrán continuar desarrollando su tarea” aunque con el “grado de veedores controladores” por el mismo plazo.
La decisión judicial impone un freno en la estrategia del Gobierno en el avance del control sobre la compañía santafesina, que tiene deudas por más de 1.300 millones de dólares, y cuyo principal acreedor es el Banco Nación.
A comienzos de marzo, el juez había aprobado el concurso preventivo del Grupo Vicentin que los dueños de la empresa solicitaron el 10 de febrero, después de anunciar en diciembre la cesación de pagos de sus compromisos por cuestiones financieras.
Desde la oposición celebraron la decisión. “Un fallo contra el ‘Vamos por Todo’”, expresó la titular del PRO, Patricia Bullrich, a través de las redes sociales y consideró que se trata de un “primer freno a la topadora de impunidad oficial. Falta, pero este es el camino para la Argentina de la legalidad”. También se expresó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que calificó la medida como “una señal de justicia y legalidad”. Para hoy está convocada una jornada de protestas.
