La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones hoy y convirtió en ley la Reforma Política oficial que establece un sistema de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos, el segundo domingo de agosto del año electoral. El oficialismo del Senado consiguió 42 votos, contra 24 de la oposición, con lo que cumplió con el requisito constitucional de respaldar la sanción con la mitad más uno de los integrantes del cuerpo.
El eje de la reforma es la realización de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en todos los partidos, el segundo domingo de agosto del año electoral correspondiente. La norma establece que el piso de los votos para poder pasar a la elección general será del 1,5 por ciento, mientras el piso electoral para conservar la personería será del 2 por ciento del padrón electoral del distrito correspondiente, mientras continúa el requisito actual de la inscripción en cinco jurisdicciones para que un partido sea nacional.
El proyecto fue defendido por el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández, quien dijo la propuesta oficial tiene como eje "fortalecer la representación político-partidaria en el país" y pretende "consolidar las estructuras partidarias que son las únicas que dirimirán después las políticas públicas".
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Fernández destacó las elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias permitirá además que "la gente participe en la elección de sus autoridades".
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que el proyecto "es un avance importante en la trasparencia del sistema y en la distribución de financiamiento" y opinó que el proyecto oficial "plantea la consolidación de los grandes partidos nacionales". "En la Argentina hay proceso reactivo, que siguen el juego que le platean los corporaciones y las corporaciones mediáticas", al tiempo que criticó a los industriales argentinos por sus objeciones a la marcha de la economía.
El futuro titular del bloque radical, Gerardo Morales, opinó que "es una gran irresponsabilidad que el gobierno avance con este proyecto que no tiene consenso del Acuerdo Cívico y Social, ni de Unión-PRO, ni de Proyecto Sur: eso desnuda la intención del gobierno de crear un proyecto a medida, mirando a las próximas elecciones".
Dijo que la concentración de la financiación de las elecciones "le da a Néstor Kirchner una gran influencia en la interna de todos los partidos a través del manejo de los fondos" y opinó que "el problema de fondo es la desmedida ambición de poder de Néstor Kirchner".
La cívica porteña María Eugenia Estenssoro dijo que "esta reforma, que tiene varias cosas positivas, le está faltando ecuanimidad" y lamentó el apuro oficial por sancionar la norma "violando ese acuerdo que decía que este proyecto no se iba a tratar hasta marzo". El socialista santafesino Rubén Giustiniani opinó que la iniciativa "está destinada a favorecer las chances del candidato oficialista" y agregó: "Sería muy tonto no creer esto".
"Es una norma proscriptiva, porque obstaculiza la posibilidad del surgimiento de nuevas fuerzas políticas y además resulta anacrónica porque concentra en el PEN y en el Ministerio del Interior facultades que son propias del Congreso de la Nación y de la Justicia Electoral", argumentó.
De la veintena de oradores que expusieron durante las seis horas de debate, se pronunciaron a favor los oficialistas Miguel Pichetto, Nicolás Fernández (Santa Cruz), Elida Vigo (Misiones), Marita Perceval (Mendoza). En cambio se opusieron los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Luis Naidenoff (Formosa), Emilio Rached (Santiago del Estero), Arturo Vera (Entre Ríos), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Oscar Castillo (Catamarca), María Colombo (Catamarca) y los integrantes del interbloque Federal Roberto Basualdo (San Juan), Liliana Negre de Alonso (San Luís), María José Bongiorno (Río Negro), Agustín Pérez Alsina (Salta), Samuel Cabanchik (CABA) y Carlos Rossi (Córdoba), María Eugenia Estenssoro (CC-CABA), Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe).
La iniciativa había sido aprobada el 18 de noviembre en la Cámara baja, tras un debate en el que el oficialismo debió rearmar una serie de alianzas, porque partidos de centroizquierda resistieron brindar apoyo, por sentirse afectados por las disposiciones de la ley.
El texto sancionado por la Cámara baja el 18 de noviembre fue analizado por tres comisiones del Senado, pero la oposición en su conjunto se retiró del debate cuando el oficialismo no quiso conceder un tiempo adicional de análisis de la propuesta. El 23 de noviembre, tras el abandono de la oposición, los legisladores oficialistas firmaron un dictamen común y habilitaron el tema que debió ser aprobado en general y en particular con una mayoría especial, por exigencia constitucional por tratarse de una ley electoral, que requería el apoyo efectivo de 37 senadores, la mitad más uno del cuerpo.
