Después de una semana en la que hubo idas y vueltas respecto del posible traslado del Programa de Protección de Testigos e Imputados desde la órbita del Ejecutivo a la de la Justicia, el macrismo volvería a insistir con el tema. Así lo pudo saber PERFIL de fuentes del oficialismo, que aseguraron que, por estas horas, se prepara un detallado informe de las características y cifras del Programa, para enviar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el máximo tribunal hay coincidencia de voces respecto de que no quieren el Programa en el Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de eso, y del rechazo generalizado de los magistrados de otras instancias, el Gobierno volvería a intentarlo. La insistencia es a sabiendas de que se trataría de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que es casi imposible que llegue a ponerse en práctica.
Desde el oficialismo confían en que la intención de promover el cambio de área, a menos de un mes del traspaso de gestión, es por sobre todo una suerte de “deuda” con muchas de las personas que declararon en causas de corrupción contra el kirchnerismo y que, a partir del 10 de diciembre, quedarían bajo la responsabilidad de su gestión. Los “arrepentidos” Leonardo Fariña, Oscar Centeno y José López, son solo algunos de los nombres que enumeran para justificar el pedido de traslado.
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La idea del Ejecutivo es pasar el Programa –en el que hay 225 personas entre imputados y testigos y 94 familiares de estos– desde el Ministerio de Justicia, donde estuvo desde su creación, hacia la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más importante del país.
El hecho generó una fuerte interna en el interior del tribunal primero, donde una importante parte de los camaristas se mostró en contra. Como primer punto sostenían que no había “ni necesidad, ni urgencia” como para sacar un decreto de esa manera al tiempo que intentaban poner “cordura” al considerar que era “un despropósito” señalar o dar a entender que los alcanzados por el programa podrían estar en peligro de seguir este bajo la órbita del Ejecutivo tras el cambio de gobierno. “¿Alguien se puso a pensar la gravedad de lo que se está diciendo?”, se planteó indignado un magistrado.
Entre otras de las críticas que trascendieron se apuntaba hacia la cuestión jurisdiccional, ya que, según explicaban, con el traspaso se pondría en manos de jueces el control de los testigos e imputados, sobre quienes ellos mismos debían controlar la validez de sus dichos. Además, desde la Justicia se cuestionó que el traspaso se haría sin contemplar que ellos no tienen el control de las fuerzas de seguridad, como sí sucede con el Ejecutivo, y la falta de contemplación del presupuesto que el Programa demanda, otro punto clave para su funcionamiento.
En ese escenario, el DNU quedó sin salir, pero desde el primer momento de su suspensión, las fuentes del oficialismo aseguraban que no era un desistimiento sino una pausa hasta “limar diferencias”. A eso apuntan con el nuevo informe.
225 colaboradores y 94 familiares
Creado en 2003, el actual Programa de Protección de Testigos e Imputados tiene en la actualidad 225 personas bajo su cuidado. Se trata de testigos e imputados en casos no solo de corrupción –el eje que motivó la decisión del cambio de área–, sino de trata, narcotráfico y secuestros, entre otros delitos. Además de ellos, hay 94 familiares que están bajo tutela del Programa.
El ingreso al Programa es siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, tras lo cual se requiere la conformidad del director del Programa, que debe considerar la viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita. Para entrar es fundamental la aceptación de la protección, ya que las medidas suponen restricciones al ejercicio de ciertos derechos y a la intimidad.
Las medidas van desde custodia personal o domiciliaria hasta alojamiento transitorio en lugares reservados o cambio de domicilio, ayuda económica por seis meses y el suministro de documentación, entre otros ítems.
