El Gobierno nacional dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. y envió al Congreso un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de la empresa.
A través de un comunicado de prensa, el Palacio de Hacienda precisó que la decisión fue tomada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia número 1338/12.
La intervención de Compañía de Valores Sudamericana, nombre actual de la ex empresa Ciccone, estará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de Casa de la Moneda, Katya Daura.
"El Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional", indicó la cartera de Economía en un comunicado en el que recuerda que "esta facultad había sido tercerizada en la década del `90".
"El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad", enfatizó la cartera que conduce Lorenzino.
"Con esta medida la capacidad de Sociedad del Estado Casa de la Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales", sostiene el comunicado.
El Proyecto de Ley propone que "la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda".
Asimismo, encarga al Tribunal de Tasaciones de la Nación "la evaluación del precio actual de la empresa, que será pagado con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana S.A. registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos".
En este contexto, asegura el comunicado, "se les garantiza a todos los trabajadores de la empresa la continuidad laboral, transfiriéndolos a Sociedad del Estado Casa de la Moneda y conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que poseen en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo".
Por último, el proyecto de Ley dispone informar al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 sobre la situación y se ha solicitado una auditoría integral a la Sindicatura General de la Nación.
En las primeras horas de la tarde, Lorenzino y Daura se hicieron presentes en la sede de la compañía, donde tomaron contacto con los empleados.
