A través del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el gobierno nacional intimó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a hacerse cargo del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires.
"Intimamos formalmente, y con la inmediatez que la presentación del servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indicó el texto firmado por el funcionario nacional.
Asimismo, advirtió sobre "las responsabilidades civiles, administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico ameritan". El objetivo es rechazar la misiva del 1 de marzo, en la que el gobierno porteño expresó que no iba a hacerse cargo del subte, a pesar del contrato que había firmado: "...damos por suspendidas las tareas de la Comisión creada por el Acta Acuerdo, continuando en manos del Poder Ejecutivo Nacional la administración del Contrato de Concesión de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires", señaló.
El gobierno nacional consideró que aquella misiva resulta "jurídicamente improcedente" y consideró que "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene inconstitucional". En tanto, se remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".
Por ello, la nota aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y "en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del contexto de su nota".
"Le corresponde a ese Gobierno (el porteño) cumplir con la manda constitucional que lo obliga a tutelar el servicio de transporte objeto de la presente, de cara a legitimar su rol como Jefe de Gobierno, respetando y manteniendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", concluyó el texto.
"Y si no fuera así -afirma De Vido en su carta- existen en el Estado de Derecho, como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno sobre el alcance de sus actos propios".