El Gobierno argentino requirió hoy al de Uruguay que aporte su “versión oficial respecto de los incidentes ocurridos con ciudadanos argentinos en la cabecera del puente General San Martín” el domingo pasado, cuando abandonaban el país tras cumplir una actividad contra la instalación de la papelera finlandesa Botnia en Fray Bentos.
El pedido fue hecho esta mañana en un encuentro en Montevideo entre el embajador argentino ante Uruguay, Hernán Patiño Mayer, y el canciller Reinaldo Gargano, en el que diplomático le expresó “la importancia de contar con las investigaciones del episodio y evitar su repetición”, de acuerdo con las fuentes argentinas.
Un funcionario de alto nivel de la Cancillería uruguaya indicó que Gargano “tomó nota” de la inquietud e “informó” del pedido al presidente Tabaré Vázquez. En tanto, un vocero del Ministerio del Interior señaló que la titular de la cartera, Daisy Tourné, “requirió un informe de lo sucedido al Estado Mayor de la Policía Nacional”, cuyos efectivos fueron testigos directos del episodio.
Cuatro asambleístas de Gualeguaychú denunciaron ayer que el domingo fueron objeto de una suerte de “apriete” por parte de habitantes de Fray Bentos, cuando se disponían a regresar a la provincia de Entre Ríos tras la actividad que cumplieron en Nueva Palmira.
La denuncia involucra a efectivos policiales, pues según los asambleístas José Pouler y Jorge Fritzler “liberaron el terreno para que la gente se mueve a su gusto”. Los activistas entrerrianos dieron cuenta de que la situación “habrá durado unos 5 minutos” en los que se sintieron “secuestrados”, al verse rodeados por una quincena de pobladores uruguayos.
Las personas que abordaron a los ambientalistas, según diversos testimonios de argentinos y uruguayos, son damnificados de Fray Bentos por el corte permanente del puente binacional General San Martín que lleva adelante la Asamblea de Gualeguaychú, desde hace más de un año.
Ayer, el gobierno de Tabaré Vázquez dispuso prohibir las concentraciones y manifestaciones de argentinos específicamente en Fray Bentos y, llegado el caso, se extenderá a todo el territorio uruguayo.
El jefe de Estado del país oriental recurrió a una ley que data de 1897, por la que cualquier tipo de movilización o concentración pública requiere de una autorización oficial específica, según detalló el vocero de la cartera política.
Fuente: Télam
