El presupuesto de los programas vinculados a los derechos humanos sufrirá una baja en 2017. De $ 734 millones que estaban presupuestados para 2016, se bajará a $ 643 millones el año próximo. El Gobierno sostiene que la merma se debe a que los números anteriores estaban “sobreestimados”. A esto se suma que, en estos primeros diez meses de gestión, la ejecución de esos programas es menor al 40%.
Todo lo vinculado a los derechos humanos es un tema sensible para el Gobierno, sobre todo por el contraste con el kirchnerismo, que hizo del tema una de las banderas centrales para describir su gestión. Y todos los pasos que da la administración Cambiemos en el área son motivo de debate. El propio Mauricio Macri llegó a decir en 2014 que con él en el poder se acababa “el curro de los derechos humanos”.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, que comanda Claudio Avruj, explicaron que la baja está justificada pero que no va afectar a los programas que se vienen llevando adelante desde esa cartera. “Hemos estudiado los números del presupuesto recibido para 2016 (lo armó el kirchnerismo) y encontramos sobreestimaciones en diferentes instancias”, afirmaron.
Martín Fresneda, predecesor de Avruj, retrucó que durante su gestión tuvo “sobretechos todos los años”, es decir que tenía que pedir más fondos a Hacienda para cubrir los gastos. “Se equivocan si dicen que estaba sobreestimado”, expresó.
Avruj indicó a PERFIL que se encontraron “con convenios impagos, miles de expedientes de leyes reparatorias acumulados y sin sistematizar, situaciones poco claras que, poco a poco, fuimos equilibrando”. “Nuestro primer objetivo, en términos económicos, fue transparentar”, resumió.
En el macrismo, ponen como ejemplo el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA. Señalan que requiere $ 7 millones anuales para funcionar pero que tenía $ 28 millones de presupuesto. Para Fresneda, a ese centro se le dio “prestigio internacional”, en el marco de una “política que fue una batalla cultural para nosotros”.
Por otra parte, en el Gobierno explicaron que hubo “reestructuración de partidas”. “Sobre todo aquellas vinculadas a compras y contrataciones, que fueron trasladadas a la órbita del Ministerio de Justicia”.
También bajó el programa de fortalecimiento de los procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad, de $ 23 a $ 12 millones. “Hubo un reordenamiento de contrataciones indirectas de abogados para ejercer las querellas en los juicios, pero la secretaría sigue siendo querellante en 226 causas. Eso no ha cambiado ni va a cambiar”, aclararon desde el organismo.
Lo que también baja es el presupuesto de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y allí la explicación oficial también se sostiene en que era mayor al necesario. Pasa de $ 98 a $ 23 millones. “La administración anterior intentó llevar al personal docente y no docente al escalafón universitario, pero esa recategorización no fue homologada. Fue irregular haberlo planificado así”, aseveran.
