En una nueva escalada del caso de supuesto espionaje ilegal, el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, solicitó la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red dedicada a la extorsión con complicidad de funcionarios judiciales y servicios de inteligencia oficiales.
La medida fue pedida por el Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces, y se basa en el supuesto incumplimiento de los deberes del magistrado durante su exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación sobre el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, que ocurrió el miércoles.
El caso volvió a poner a los servicios de inteligencia en el ojo de la tormenta y destapó cómo supuestos agentes se nutren de funcionarios y miembros de la Justicia para extorsionar, enriquecerse e incluso generar expedientes judiciales con supuesta intencionalidad política y económica. Por este expediente, el fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Bidone, fue apartado de su cargo y el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción, debe ser indagado el miércoles por sus nexos con D’Alessio. Además, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la embajada de los Estados Unidos debieron desvincularse oficialmente de D’Alessio por sus supuestos nexos con organismos de inteligencia nacionales y extranjeros.
En un comunicado enviado ayer por la noche, la cartera de Justicia informó que requirió al Consejo que investigue “el accionar del juez” Ramos Padilla por su supuesta “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas” e inicie el proceso para removerlo, que implicaría un juicio político. El magistrado expuso detalles del caso que investiga ante una comisión abierta en el Congreso el miércoles.
El ministerio le pidió al representante del Ejecutivo ante el organismo encargado de designar y remover magistrados, Juan Bautista Mahiques, que inicie una investigación y pedido de remoción del juez, a quien atribuyó una “clara intencionalidad” por afirmar “como verdaderos extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. El juez ya procesó a los principales sospechosos del caso, entre ellos D’Alessio y dos ex policías bonaerenses que le impartían órdenes. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reconoció que dos de los cómplices del falso abogado cumplieron funciones oficialmente para el organismo hasta 2016 y 2017.
El Ministerio de Justicia sostiene que el juez “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. El magistrado tiene cita ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso para el jueves a las 11, cuando expondrá a puertas cerradas para 14 legisladores sobre las pruebas de esta supuesta red de espionaje paraestatal dedicada a la extorsión de empresarios y la creación de causas judiciales.
Para el ministerio, Ramos Padilla “no solo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”.
La cartera de Justicia incluyó entre sus argumentos “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal” y dijo que el magistrado demostró una “evidente finalidad política” al solicitar colaboración “a dependencias a las que no correspondía”, como la Comisión Provincial por la Memoria, que apoyó en un informe la teoría del juez sobre una red de espionaje ilegal con apoyo estatal.
Servicios. Ramos Padilla está citado para el próximos jueves ante la comisión bicameral que interviene en asuntos de inteligencia. El objetivo de este cuerpo es establecer si se violó la ley nacional de inteligencia, es decir, si miembros de cualquier agencia de inteligencia oficial –tanto nacional como extranjera– realizaron actividades de espionaje interno.
El juez de Dolores apunta a que los miembros del Congreso inicien una investigación sobre este tipo de actividades ilegales y los nexos de estos grupos con miembros de la Justicia, los medios de comunicación, empresarios y políticos. Así lo explicaron fuentes judiciales.
La exposición de Ramos Padilla será a puertas cerradas, como marca el reglamento. Luego de escuchar al juez, los diputados y senadores de la comisión harán preguntas y pedirán nuevas pruebas. Los miembros de la bicameral deberán fijar más tarde una fecha para citar al director de la AFI, Gustavo Arribas. Así lo acordaron en los últimos días. El organismo ya se desvinculó de D’Alessio, a quien no reconoce como agente propio. La Embajada de los Estados Unidos también negó que D’Alessio operara para la Drug Enforcement Administration (DEA) y la NSA (National Security Agency).
La bicameral cuenta con una subcomisión y sus miembros se encuentran analizando los documentos enviados por el juez de Dolores y preparan un informe para sus colegas. Pero esperan escuchar nuevas pruebas de esta supuesta red de espionaje. Según pudo confirmar PERFIL de fuentes directas de la causa, el juez acumuló nueva información y planeaba presentarla a los legisladores.
