Las críticas hacia el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se multiplican todos los días. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri está decidido a sostenerlo en el puesto. El pasado fin de semana, el jefe de Estado fue categórico: "Si hubiésemos tenido en estos diez años un ministro como él, con su capacidad y honestidad, no tendríamos hoy lo problemas que tenemos de energía".
Tanto dentro como fuera del Gobierno los cuestionamientos hacia su gestión se reproducen y el rumor de un paso al costado fue desmentido por él mismo: "Yo no amago, cuando tenga que renunciar, lo haré", señaló.
Hoy se conoció la declaración jurada de Aranguren. Allí se detalló que el funcionario posee $16 millones en acciones de Shell, empresa de la que fue CEO poco antes de asumir en la función pública. A pesar de las críticas por ser accionista de una empresa que compite directamente con la estatal YPF, sus voceros afirmaron que no hay incompatibilidades.
En su artículo 15, la ley de Ética Pública indica que los funcionarios deben "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria". Desde el entorno de Aranguren, señalaron a La Nación que cuando el ministerio de Energía firmó cuestiones que repercutieron sobre Shell, los trámites pasaron por el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda o por el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg.
Tarifazos. "Si la nafta es cara, dejen de cargar", dijo Aranguren cuando aumentaron los combustibles. Meses después, intendentes del conurbano que fueron a reclamar rebajas en los aumentos contaron que la respuesta del funcionario fue: "Tengo una planilla Excel que cumplir".
Por los problemas con la forma de establecer los aumentos, Macri mandó al ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, para que negocie acuerdos y calme los ánimos de intendentes y gobernadores. "Pagamos el costo de un quilombo ajeno", reconocieron del área a Perfil.com. El mismo Frigerio luego reconoció: "Cometimos un error".
En la Justicia. El fiscal federal Carlos Stornelli requirió abrir una investigación contra el ministro, luego de que diputados kirchneristas lo acusaran de beneficiarse con los aumentos tarifarios de gas. Además, los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade (FPV) denunciaron el acuerdo con Chile por el envío de gas a la Argentina. Esa causa tramita en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
Oficina Anticorrupción. Esta mañana el diputado Pablo Tonelli dijo en Radio Nacional que Aranguren "no tiene intereses directos", sobre la multinacional holandesa.
Sin embargo, admitrió tener "dudas respecto a que haya allí alguna dificultad o problema. Lo mas correcto es hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción y que se siga el expediente". La OA es dirigida por Laura Alonso, militante del PRO y exdiputada por ese espacio.
(*) De la redacción de Perfil.com.
