La investigación de la ruta del dinero K, que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez y a su hijo Martín, entre otras personas, avanza por estas horas en el trazado de los perfiles patrimoniales de ambos. La idea de los investigadores es terminar de consolidar allí pruebas de las inconsistencias en los patrimonios de padre e hijo que, en las próximas semanas, serán indagados por el juez Sebastián Casanello, por el delito de “presunto lavado de dinero”.
En el caso colaboran miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de AFIP. El miércoles, último día de actividad en Comodoro Py, llegó hasta el despacho de Casanello la vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico.
En tanto que otro que se hizo presente fue Daniel Rubinovich, abogado de los Báez, quien un día antes había entregado allí los pasaportes de padre e hijo. Aunque no le habían sido requeridos, entendió la entrega de la documentación como una muestra de
que sus defendidos no se irán del país, tras la prohibición que les impuso Casanello.
El trabajo de los investigadores del caso, que se extenderá durante el receso de Semana Santa, también buscará terminar de establecer las geolocalizaciones de celdas de dos teléfonos que pertenecerían a Martín Báez, pero que no estaban a su nombre, sino a empresas vinculadas a él. El objetivo es ubicarlos en los recorridos entre Río Gallegos, el aeropuerto de San Fernando, y la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero, en la fecha en la que se lo ve en las grabaciones de las cámaras del lugar contando fajos de dinero.
