A poco más de un mes para las elecciones primarias, y mientras la oposición ya vislumbra un escenario con problemas para la fiscalización, aún el Gobierno nacional no adjudicó a ninguna empresa la compleja tarea del recuento de votos.
Si bien, según el cronograma electoral, el 11 de agosto habrá que ir a las urnas para dirimir en las PASO quiénes competirán en las legislativas del 27 de octubre, aún se desconoce quién tendrá a cargo el procedimiento de datos. Según pudo saber PERFIL, la licitación se lanzó hace más de un mes y todavía no se conoció el ganador. El organismo encargado del tema es el Ministerio del Interior que conduce Florencio Randazzo, a través de la Dirección Nacional Electoral.
La demora se da en paralelo a las expresiones públicas de distintos actores de la oposición que están llamando a que ciudadanos que no participan activamente de la política partidaria se sumen a fiscalizar mesas ante las dudas sobre un posible fraude, sobre todo en Provincia de Buenos Aires.
En 2011 la empresa Indra fue la encargada del escrutinio. La misma empresa estuvo, desde 1997, en todos los comicios. Al igual que en las elecciones nacionales, en las primarias abiertas se confecciona un acta electoral que se transforma en un telegrama que firman el presidente de mesa y, en caso de que haya, los fiscales. Es en esta instancia donde se generan las mayores dudas. A partir de allí se envían los telegramas por el Correo argentino y llegan a la mesa de cómputos donde se procesan y se ingresan a la base de datos. En las últimas elecciones se dividieron dos equipos de trabajo que cargan los datos de los telegramas y, en caso de no ser similares, un tercer grupo analiza el telegrama que no arrojó los mismos datos. En paralelo, los telegramas son publicados en la web oficial de elecciones. Primero se dan los datos del escrutinio provisorio o “recuento provisional de resultados” y luego la Justicia electoral de cada distrito realiza, una semana después, el definitivo.
