Aunque cumplió cuarenta años en noviembre, Francisco Quintana es histórico del PRO: fue presidente de la Juventud, vicepresidente de la Legislatura y secretario general del partido. Hoy es el flamante presidente del Consejo de la Magistratura porteño y uno de los asesores jurídicos de Juntos por el Cambio.
—¿Cómo analiza la situación de conflicto entre el Gobierno y la Corte?
—De extrema gravedad institucional y de una falta de contacto con la realidad que preocupa. La embestida contra la Corte es una muestra más de la obsesión del kirchnerismo con el Poder Judicial, ya lo intentaron con la reforma judicial, la ampliación de la propia Corte, los pretendidos cambios en el Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura de la Nación, por citar algunos ejemplos. Además de su obsesión por la Justicia, el Gobierno maneja una agenda totalmente distinta de la de la mayoría de los argentinos. La preocupación de la gente pasa por bajar la inflación, generar mejores oportunidades de empleo y reducir la inseguridad. En definitiva, esta tensión entre el Gobierno y la Justicia es un desperdicio de energías y recursos que deberían estar centrados en hacer que los argentinos vivan mejor.
La vice está muy complicada en varias causas e intenta usar el poder para beneficiarse
—¿El pedido de juicio político es una forma de apretar a los jueces?
—Totalmente. Teniendo en cuenta que el pedido de juicio político tiene nulas chances de ser aprobado en el Senado, ya que se necesitan dos tercios de los presentes, el objetivo que persigue el oficialismo es una campaña de desgaste a los ministros de la Corte, mientras dure el debate. Al citar a los jueces a la Comisión y poniéndolos en el centro de la agenda mediática, evidentemente, lo que busca el Gobierno es debilitarlos.
—¿Cree que detrás de todo está Cristina Kirchner y una búsqueda de impunidad?
—La vicepresidenta está en una situación judicial muy complicada con varias causas ya avanzadas y, sin dudas, intenta usar el poder para beneficiarse. El objetivo, casi permanente, del kirchnerismo es avanzar sobre la Justicia, condicionarla, volverla rehén del poder político de turno para poder controlarla. Hay también un peligroso intento de Alberto Fernández de congraciarse con ella, por ejemplo, al desoír el fallo de la Corte sobre la coparticipación. No hay antecedentes de esto y resulta de una extrema gravedad para el normal funcionamiento de las instituciones del país.
—¿No le hizo ruido que la Coalición Cívica sea la única fuerza de JxC que apoye el juicio a Lorenzetti?
—La Coalición Cívica es una parte fundadora de Juntos por el Cambio y tiene todo su derecho a sentar sus posturas. Creo que, en general, la diversidad enriquece. Son consistentes con lo que piensan porque ya se habían expresado hace tiempo en relación a esto. Pero no creo que sea una postura compartida por el resto de JxC.
—¿Piensa que la conformación de la Corte es la adecuada o debería ir a nueve, o 25 miembros incluso?
—Es una discusión que me parece pertinente hacerla más adelante. La Corte viene trabajando bien con la actual composición. Tenemos que dejar de pensar en la cantidad de miembros, tanto de la Corte como del Consejo de la Magistratura, y centrarnos más en trabajar por la independencia del Poder Judicial en general y en ampliar el acceso a la Justicia. Toda la discusión del kirchnerismo en torno al aumento de los cortesanos pretende lograr una mayoría oficialista y que se imponga la política por sobre la Justicia. A priori, una Corte de 25 miembros significa una estructura más grande, que se traduce en mayor gasto presupuestario. No es el momento de destinar fondos públicos para estas cuestiones, hay que ordenar las prioridades.
—¿La Justicia hoy funciona bien?
—La Justicia a nivel nacional puede mejorarse en muchos aspectos, probablemente, pero no de la forma que pretende el Gobierno. Se puede mejorar en la digitalización o en los concursos, por ejemplo. Y, en ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires hemos avanzado mucho y compartido nuestra experiencia con otras jurisdicciones. La mayor preocupación debe ser centrarse en mejorar y pulir los procesos de selección de los magistrados para tener a los más aptos y probos. No podemos, como país, correr el riesgo de que ese lugar lo ocupen personas que no están a la altura como hemos visto en el caso de Lucio Dupuy, a quien una jueza le dio la tenencia a la madre y su pareja sin hacer una mínima investigación de las condiciones socioambientales de ese hogar. Estas cosas no pueden suceder.
—¿Qué diferencia encuentra en la relación Ejecutivo-Judicial en la Ciudad con respecto a la Nación?
—El de la Ciudad es un Poder Judicial joven, más ágil y moderno. Desde lo institucional, en la Ciudad no pasa que el Ejecutivo desobedezca fallos judiciales o intente remover a magistrados solo porque no le gusten sus sentencias. Por el contrario, esto sí sucede a nivel nacional.
