Un lustro le llevó al menemismo darse cuenta de que el Estado no siempre debía ser considerado mala palabra. A mitad de la década de los noventa, casi sin ningún tipo de regulación en vigencia ni organismo que la pusiera en práctica, el negocio de la carne era un festival. Por los bifes y la milanesa se pagaba entonces el IVA normal, de 21%, y la tentación para los operadores marginales era enorme. En esos momentos, la Dirección General Impositiva (DGI) calculaba que la evasión en la cadena de la carne llegaba a los 800 millones de pesos convertibles. O de dólares.
El Decreto 1.343/96 fue sugerido a Menem por el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, quien por entonces mantenía una guerra en varios flancos contra los grandes matarifes del conurbano bonaerense, a quienes acusaba abiertamente de semejante nivel de evasión. El decreto de marras dispuso la creación, en el ámbito de su secretaría, de la ONCCA. En sus primeros renglones, la norma admitía que “es una función ineludible y prioritaria del Estado Nacional asegurar que no existan distorsiones o restricciones que puedan afectar la libre competencia en los mercados”. Verdad de Perogrullo, pero una verdad olvidada durante largos años.
Unos pocos meses antes de la creación de la ONCCA, esos grupos marginales de la carne habían dado una muestra acabada de la impunidad con que se movían. Y nada menos que en plena Exposición Rural de Palermo. Anochecía y en el aristocrático Restaurante Central del predio, donde por entonces todavía se podía saborear el afamado asado con cuero, habían corrido las mesas para albergar a unos 500 ganaderos de fuste, quejosos de lo difícil que era hacer negocios en convivencia con el malandraje que dominaba la industria de la carne. En esos cabildeos, a un respetado ex presidente de la JNC, Enrique Garat, se le ocurrió ponerle nombre y apellido al mal que los aquejaba: definió a Alberto Samid como el “paradigma de la evasión”. Hubo sonoros aplausos.
A los pocos minutos el matarife más famoso de la Argentina ingresó furioso al enorme salón y dejó atónitos a todos. “¿A quién le debo plata acá? Conozco a muchos de los presentes, a varios les compré hacienda”, disparó a boca de jarro. Luego el corpulento Samid se retiró campante. A sus espaldas, la elite ganadera quedó muda.
Tres días después de aquel episodio, desde la Casa Rosada el ministro de Justicia anunciaba que la DGI había presentado una denuncia penal contra el Grupo Samid, un conglomerado de 27 frigoríficos bonaerenses. Se lo acusaba de constituir una asociación ilícita que había evadido impuestos por la suma exacta de 88.077.885 pesos/dólares. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Carlos Liporaci. La DGI reclamó al magistrado la “inmediata detención” de Alberto Samid y otras personas de esa supuesta banda, incluidos varios de sus familiares (...)
Pero entre árabes no se pisan la túnica. A pesar de la espectacularidad con que el gobierno denunció la evasión y reclamó la detención de Samid en 1996, este jamás pisó una celda. A las pocas semanas de aquel anuncio en la Casa Rosada, el matarife fue citado a declarar y negó ante el juez Liporaci ser propietario de alguno de los 27 frigoríficos en los que se habían confirmado las maniobras delictivas. Por cierto, no figuraba en ninguno de aquellos estatutos societarios. Afuera de los tribunales de Comodoro Py, veinte obreros del Feet Up, uno de los frigoríficos que se le atribuían a Samid, reconocían que las vacas entraban allí “sin guías” y que tanto los inspectores del Senasa (el servicio veterinario estatal), como los de la DGI “hacían la vista gorda y dibujaban los papeles, porque estaban arreglados”.
Una década después de aquella indagatoria, al inaugurar en 2008 un enorme local de su red de carnicerías La Lonja en el centro de la localidad bonaerense de Cañuelas, Samid fue consultado por un periodista de PERFIL sobre el estado de esa y otras causas judiciales iniciadas en su contra. “Yo tuve denuncias. ¡Pero eso fue en el siglo pasado! Jamás nadie me tuvo que llevar cigarrillos”. Ciertamente, a esa altura, ya no quedaban rastros de su nombre en la Justicia.n
*Periodista, autor de Fuera de control.
