El juez Carlos Mahiques está citado el próximo jueves al Senado para que pueda defender su pliego, enviado por el gobierno nacional, para que pueda seguir cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. El padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques no la tiene tan fácil: dos de las más prestigiosas organizaciones que trabajan en ámbito judicial, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), impugnaron el pliego. En el oficialismo legislativo, sin embargo, sostienen que cuenta con los votos para que el magistrado, que cumple 75 años en noviembre, siga en el cargo.
Mahiques padre deberá presentarse el jueves a las 10 en la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. El presidente Javier Milei envió su pliego en febrero, unas semanas antes de que Juan Bautista Mahiques fuera designado, a instancias de Karina Milei, como nuevo ministro de Justicia. Tanto ACIJ como INECIP realizaron una presentación conjunta ante la comisión para impugnar el pliego que busca otorgar un “nuevo nombramiento” a Mahiques. Las organizaciones consideran que la medida resulta inconstitucional porque, argumentaron en un escrito, Mahiques nunca fue designado en ese cargo federal mediante el procedimiento previsto por la Constitución.
En 2013, Mahiques padre fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires. Había sido ternado por el Consejo de la Magistratura y luego propuesto por el Poder Ejecutivo. Esa decisión fue aprobada después por el Senado, tal como lo exige el artículo 99, inciso 4, de la Constitución. Sin embargo, cuatro años después —y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri dispuso su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue avalado por la Cámara alta.
Pasaron nueve años y ahora Mahiques está próximo a cumplir 75 años de edad. Por eso requiere que el Poder Ejecutivo renueve su “nombramiento”. “Lo cierto es que técnicamente nunca fue designado para el cargo que actualmente ocupa en la justicia federal. Esto, por una razón simple: no cumplió las etapas del proceso constitucional para acceder a la judicatura, que exige atravesar un concurso ante el Consejo de la Magistratura, ser seleccionado por el Poder Ejecutivo y obtener un acuerdo del Senado. Las había cumplido para su primer cargo en el fuero ordinario de la Capital Federal, pero no para el federal”, explicaron desde ACIJ en un comunicado.
Los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley. “Por sus características, suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno”, advirtieron ACIJ e INECIP.
Según las ONG, Mahiques concursó para ser designado juez nacional, pero el traslado se efectuó para un cargo en la justicia federal. Y remarcaron que se trata de jurisdicciones distintas: la justicia nacional tiene competencia ordinaria en materia penal, mientras que la federal es una jurisdicción de excepción e interviene solamente cuando hay intereses federales involucrados. Y citaron el precedente “Bertuzzi”, de la Corte, que sostiene que los traslados son actos provisorios que “en modo alguno pueden equipararse a los nombramientos”.
“Si Carlos Mahiques no fue nombrado, sino que apenas fue trasladado provisoriamente, no se comprende cómo podría renovarse su nombramiento. El hecho de que hayan transcurrido 9 años no altera esta conclusión. La única forma en la que podría continuar en la Cámara Federal de Casación Penal sería presentándose al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie para cubrir la vacante y quedando ternado, para que luego continúe el procedimiento ante los poderes Ejecutivo y Legislativo”, subrayaron.
La Constitución estipula que los jueces finalizan en sus funciones a los 75 años, salvo que el Ejecutivo los vuelva a nombrar por cinco años más con aval del Senado. Eso hizo en 2024, por ejemplo, con Jorge Morán, vocal de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y con Roberto Hornos, vocal de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Por el contrario, no prorrogó en su mandaron al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, que cumplió 75 años en diciembre de 2024. Tampoco a Stella Maris Martínez, la ex defensora general de la Nación, que al cumplir 75 años en febrero pasado, debió dejar el cargo.
