El artículo 85 del proyecto de Ley de Blanqueo de activos no declarados trajo consigo una fuerte polémica, ya que dispone penas de hasta dos años de prisión y multas económicas contra funcionarios y terceros que revelen información de la operatoria.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Unión PRO) admitió que la redacción del citado artículo "tal vez no sea la más feliz" y no descartó que "haya que modificarla un poco". No obstante, el legislador aclaró que "la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años", aunque se mostró a favor de "hacer una revisión lisa y llana del régimen vigente del Código Penal" referido al secreto fiscal.
"El artículo lo que pretende es preservar la confidencialidad vinculada al blanqueo y a la situación impositiva, lo cual me parece muy importante porque sería muy difícil que los contribuyentes que ingresaran a este régimen supieran que su situación impositiva o fiscal va a ser conocida por todos, incluso no solo por razones de reserva sino también por razones de seguridad", sostuvo.
En declaraciones a FM Blue, Tonelli, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, reconoció que el artículo 85 "ha suscitado una legítima preocupación". "La redacción del artículo tal vez no sea la más feliz que haya y hay que modificarla un poco, pero la confidencialidad en materia impositiva y la prohibición de difundir datos ya existe desde hace muchos años", advirtió.
La crítica llegó por parte de partidos aliados, como la UCR. El diputado nacional de esa fuerza, Mario Barletta, calificó como "insaludable" que el proyecto incluya un artículo de esas características.
"Será un tema a discutir y a debatir dentro del bloque porque pareciera una suerte de protección para aquel que blanquea. Habrá que preguntar los motivos de esta medida", afirmó el legislador por Santa Fe en diálogo con DyN.
De esta manera, Barletta respondió sobre la controversia generada por el artículo 85 de la iniciativa que establece que los funcionarios y terceros "están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna".
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su parte, rechazó el artículo "porque afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general y el de libertad de prensa en particular", señaló le entidad en un comunicado. En ese marco, solicitó a los legisladores nacionales que se aprestan a debatir la iniciativa en las comisiones a "que modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional".
"FOPEA advierte que, tal como está redactado, este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público", enfatizó. Además, reclamó "al Poder Ejecutivo -que envió el proyecto al Congreso- y a los legisladores que excluyan a los periodistas de la restricción aplicada a los funcionarios y magistrados".
La iniciativa, en el artículo 85, refiere a la necesidad de "guardar secreto", a la "reserva de identidad" de los contribuyentes que ingresen al blanqueo y asegura que el procedimiento está "alcanzado por el secreto fiscal y regulado" según lo dispuesto en la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional.
El texto, además, asegura que los funcionarios políticos o judiciales y "terceros" que divulguen o reproduzcan documentación o información "de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales" incurrirán "en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal", que prevé prisión de un mes a dos años.
El domingo, en su habitual columna en Página/12, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, había alertado sobre la idea oficial con un ejemplo contundente: "Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares. Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le impediría presentarse. Tal protección extraordinaria a los evasores es inconstitucional, pero este mes será ley".
