Tras 11 años, un tramo de la causa por presunto lavado de dinero en la recaudación de la campaña electoral 2007 de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos está a pasos de ser enviado a juicio oral y público. El caso involucra al ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, uno de los hombres más cercanos al entonces jefe de Gabinete y ahora precandidato presidencial, Alberto Fernández.
El expediente estaba listo para ser enviado a los tribunales orales pero quedó trabado en octubre ante un pedido de Sebastián Gramajo, ex responsable político de la campaña 2007 y uno de los acusados, de acuerdo con fuentes judiciales y con los escritos a los que accedió PERFIL. Gramajo planteó ante el juzgado federal de Ariel Lijo que el caso penal sea remitido a la Justicia electoral, como resolvió la Cámara Federal con la causa de los aportes truchos de Cambiemos en las elecciones legislativas 2017 de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Franco Picardi solicitó en octubre de 2018 que Capaccioli y el resto de los procesados sean juzgados en un debate oral y público. Ocho días después, el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, resolvió apartar al juez Sebastián Casanello de la investigación por presunto lavado en la campaña 2017 del oficialismo y enviar el expediente a la Justicia electoral de La Plata.
El fiscal Franco Picardi solicitó en octubre de 2018 que Capaccioli y el resto de los procesados sean juzgados en un debate oral y público
Basado en la decisión de Irurzun, Gramajo se opuso a que la causa por los aportes del Frente para la Victoria (FpV) siga siendo investigada en el fuero penal. La Cámara Nacional Electoral ya había resuelto que los casos de supuesto lavado en campañas electorales debían ser resueltos primero en un juzgado penal y luego pasar al fuero electoral. Sin embargo, el fallo de Irurzun dio vuelta ese criterio para el caso bonaerense de Cambiemos y abrió la puerta para el planteo.
El caso original terminó reducido. Una pericia de la Corte Suprema determinó que solo tres aportantes no pudieron justificar el origen de $ 886 mil. Entonces, solo irían a juicio cuatro de los acusados: los empresarios Carlos Horacio Torres y Gabriel Alejandro Brito, y los ex funcionarios y responsables de la recaudación Capaccioli y Gramajo.
Ambos están procesados como responsables de una presunta “maniobra” de lavado de dinero para incorporar a la campaña “fondos de procedencia delictiva”, de acuerdo con el pedido de elevación a juicio del fiscal. La Cámara Federal ordenó a Lijo seguir investigando a los aportantes, por lo que la causa se dividió en dos tramos.
Capaccioli y Gramajo están procesados como responsables de una presunta “maniobra” de lavado de dinero para incorporar a la campaña “fondos de procedencia delictiva”
Origen del dinero. El caso estalló en 2008, cuando salió a la luz que entre los aportantes figuraban Sebastián Forza, asesinado en un triple crimen relacionado con la efedrina, y civiles que reconocieron jamás haber aportado un peso. El 34% de los aportes provenían de empresas relacionadas con la salud, especialmente droguerías.
Tanto Capaccioli como Gramajo niegan haber conocido que el origen del dinero era presuntamente ilícito. Brito reconoció que nunca puso un peso de los aportes que figuran a su nombre. Mientras que Torres niega los cargos.
PERFIL intentó comunicarse con el vocero de Fernández pero no obtuvo respuesta. En 2011, el ex funcionario había dicho a Radio 10: “Yo nunca tuve que ver con la recaudación de la campaña electoral, ni siquiera con la organización de acuerdos políticos o con la construcción de las listas”. Entonces dijo que convocó a Capaccioli “pensando que iba a hacer las cosas bien”.
CP
