El PRO canjea leyes por cargos en organismos

Enroque, intercambio, toma y daca. Así se pueden describir las distintas formas con las que el PRO está logrando aprobar una gran cantidad de leyes con el apoyo del kirchnerismo y de UNEN, cuyos integrantes terminan votando diferente.
Es que la oposición porteña, a menos de un mes del recambio legislativo, pugna por colocar a sus dirigentes en distintos organismos de la Ciudad, y para ello requieren un acuerdo con el macrismo. El bloque de Mauricio Macri aprovechó esta situación y generó una mayoría parlamentaria (necesaria para aprobar los proyectos), que varía según la ley en cuestión. El PRO tiene 26 de las sesenta bancas que componen la Legislatura, con lo cual necesita siempre de la ayuda de aliados.
La moneda de cambio no es menor. Entre los organismos aparece la Auditoría de la Ciudad, que controla las obras y las cuentas del gobierno porteño. Allí, la Coalición Cívica pretende quedarse con la silla que deja Paula Olivetto, legisladora electa. Necesitan 31 votos.
El otro organismo clave es la Defensoría del Pueblo. Allí se elegirán seis cargos, un titular y cinco adjuntos. Históricamente se repartieron cargos para la oposición ya que para ser designado se necesitan cuarenta votos, imposibles de alcanzar sólo con las bancas del macrismo. En este caso, el legislador del Frente para la Victoria Alejandro Amor, que suena para presidir el organismo, votó a favor del macrismo el jueves último una ampliación presupuestaria, mientras su bloque se abstuvo. También podrían recalar en la Defensoría el radical Claudio Presman (uno de los aliados que tuvo el PRO en los últimos cuatro años) y María América González (quien ingresó por Pino Solanas). Esta última, que se hizo conocida por “El rinconcito de los jubilados”, no dudó en votar distinto a su bloque una de las leyes más polémicas: la modificación del sistema de redeterminación de precios, es decir, cómo se calcula el ajuste de pagos a las empresas que trabajan –en obras o servicios– para el gobierno porteño.
Otra iniciativa que tuvo apoyo del kirchnerismo –encabezado por Juan Cabandié– y de UNEN fue la venta de una serie de inmuebles que el macrismo consideró “innecesarios”. Para esa ley hubo 41 votos, entre ellos los del radicalismo, y el de una aliada al kirchnerismo, Claudia Neira.
Los cargos en el Ente Regulador de Servicios Públicos, que controla el transporte y la recolección de residuos, entre otros servicios, también son moneda de cambio. Allí busca un lugar Julio Raffo, amigo de Pino Solanas y ex candidato de UNEN. También pretende ir Adrián Camps, del mismo espacio. Cabandié propuso a un abogado del gremio de estatales UPCN.
En lo que se refiere al ámbito judicial, la Defensoría General, que mantiene en su planta estable buena cantidad de militantes de La Cámpora, quedaría para el camarista Horacio Corti, cercano al kirchnerismo. Para ese cargo se necesitan cuarenta votos. Como moneda de cambio quedará a cargo de todos los fiscales porteños el hoy legislador Martín Ocampo (PRO), cercano a Macri.
Otros tres organismos otorgan cargos para la oposición. Se trata del Consejo del Plan Urbano Ambiental (Copua), del de Niños, Niñas y Adolescentes y del de Prevención del Delito.
Entre las leyes que aún resta votar a pedido de Macri aparecen la construcción de un shopping en Caballito, la creación de una planta de tratamiento de residuos, la ampliación de los parquímetros y una agencia de evaluación educativa (que ya fue rechazada por varios gremios docentes). El vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, esperará hasta principios de diciembre para cubrir los cargos de la oposición. No sea cosa que no voten la ley más importante: el Presupuesto 2014