El PRO presentó un proyecto para disolver la Defensoría del Público
El proyecto encabezado por Silvana Giudici busca cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerando que realiza la misma función que el ENACOM y que además crearon un observatorio de medios que se "excedía de sus funciones" e incurría en actos de control periodísitico que podrían llevar a la "censura".
Cámara de Diputados |
NA
El bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para disolver a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerando que realiza la misma función que el ENACOM y que además crearon un observatorio de medios que se "excedía de sus funciones" e incurría en actos de control periodísitico que podrían llevar a la "censura".
El proyecto encabezado por la diputada Silvana Giudici también lleva la firma de los diputados Fernando Iglesias, Luciano Laspina, José Luis Espert, Damián Arabia, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejanro Finocchiaro, entre otros legisladores del PRO.
En dicha iniciativa, exigen que se disuelva la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que se transfiera el personal que trabaja allí, además de su presupuesto y todos sus bienes a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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En un comunicado que difundió la propia Giudici, apuntaron a que el organismo que estuvo a cargo de Myriam Lewin se dedicó a "perseguir opositores" y "monitorear redes sociales" desde el observatorio NODIO.
"Durante los cuatro mandatos kirchneristas, la Defensoría del Público se utilizó para contratar asesores militantes, con partidas presupuestarias exorbitantes, además de perseguir periodistas", afirmó la ex presidenta del ENACOM.
"En aquel momento, fueron varias las organizaciones, que nuclean al periodismo, que actúan en defensa de la libertad de expresión y de diferentes sectores del ámbito académico, las que rechazaron la medida porque el “NODIO” implicaba un indirecto control editorial que podría ser utilizado como una herramienta de censura, al intentar establecer una “verdad” o un ajuste a la corrección de las noticias al criterio de los funcionarios de turno. Es claro que ese tipo de herramientas, se pueden transformar rápidamente en mecanismos de censura o, lo que es más grave aún, inducir a la autocensura de los medios y de los comunicadores", precisaron en un comunicado oficial.
En esa línea, también sostuvieron que "el observatorio “NODIO” aún se encuentra en funciones", y que, sumado a ello y con relación al financiamiento de la Defensoría del Público, la misma tiene asignados "1506 millones de pesos, según el presupuesto nacional vigente". "Según el presupuesto 2024 la Defensoría del Público tiene previsto y disponible para ejecutar 2575 millones de pesos".
"Además la Defensoría, cuenta actualmente con ciento cuarenta (140) empleados, lo que implica que el costo por empleado asciende aproximadamente a 18,4 millones de pesos por año", agregaron.
Por último, señalaron que la creación de la Defensoría implicó desde su origen "una duplicación de funciones y recursos ya que las competencias asignadas por el artículo 19 de la ley 26.522 se encuentran subsumidas tanto en las funciones propias de seguimiento, fiscalización y control atribuidas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), autoridad de aplicación de la norma, como en las funciones propias del Defensor del Pueblo de la Nación de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° de la Ley 24.284 que lo regula".
"En consecuencia, la protección de las audiencias se encuentra ampliamente garantizada por la propia función de la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522, la cual también posee adicionalmente, un área específica de atención a los usuarios donde pueden presentar sus reclamos que luego son compulsados (Centro de atención al Usuario- CAU-) y participa en el organismo una Comisión de Consumidores y Usuarios de acuerdo a lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional y al Ley 24.240 de Defensa de los consumidores", concluyeron.
