El radicalismo rechazó una nueva maniobra oficial para "encubrir" el cumpleaños en Olivos
La diputada nacional Karina Banfi, del radicalismo bonaerense, rechazó la apelación de la Secretaría General de Presidencia y ratificó que continúa la batalla legal para que le entreguen la información solicitada. "La voy a seguir hasta el final", dijo.
Fiesta en pleno ASPO. Alberto Fernández y Fabiola Yañez ya acordaron pagar 3 millones de pesos para ser sobreseídos en la causa. Otras tres personas también ya llegaron a un acuerdo. |
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La Secretaría General de Presidencia apeló el fallo del juez que los obligaba a entregar la información pública que solicitó la diputada nacional de la UCR Karina Banfi sobre los empleados de Fabiola Yáñez durante las ASPO, el uso de fondos públicos y detalles sobre la polémica reunión en Olivos en plena cuarentena.
La decisión judicial provocó el rechazo de la legisladora, quien aseguró que continuará con la batalla legal para obtener la información solicitada.
"Es una maniobra más para seguir encubriendo el Olivos Gate”, afirmó Banfi.
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Frente al fallo del juez dictado en julio que establecía que se entregue la información solicitada sobre el uso de fondos públicos, de los empleados y las actividades de Fabiola Yáñez durante la ASPO de 2020. la Secretaría General de Presidencia decidió apelar poniendo lo que fue definido por la diputada como "una nueva traba burocrática y violando una vez más el derecho de acceso a la información pública".
Banfi rechazó el recurso de apelación y solicitó que se confirme lo resuelto en la sentencia apelada.
La pelea judicial comenzó después de múltiples reclamos administrativos en relación a un pedido de acceso a la información presentado por primera vez el 5 de agosto de 2021 sobre la nómina de empleados de la Primera Dama, sus actividades y gastos. La Secretaría General de Presidencia no cumplió con los plazos legales y hasta el momento no rindió cuentas sobre los hechos sucedidos en la cuarentena de 2020.
“El acceso a la información es un derecho humano amparado no solo en nuestra Constitución sino por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La apelación desnuda una postura negadora de este derecho y un empecinamiento preocupante y retrógrado en pos del secreto de Estado”, destacó Banfi, impulsora de una Ley de Acceso a la Información Pública.
Flor de regalo que le hacen los abogados del Estado a la Primera Dama apelando el fallo que la obliga a entregar la información sobre sus actividades, empleados, peluquero durante la pandemia. Absurdo! Prefieren violar el derecho a informar que respetar el derecho de la gente.
Señaló además que "la opacidad, la hermeticidad en el tratamiento de los asuntos públicos y la falta de transparencia son una vergüenza que mancha nuestra democracia. Es inaceptable que el propio Gobierno Nacional viole descaradamente un derecho fundamental como es el acceso a la información pública. Vamos a continuar con el proceso judicial y, de ser necesario, llegaremos hasta la Corte Suprema”, aseguró Banfi.
Cabe destacar que tanto el Presidente como la Primera Dama fueron sobreseídos en otra causa que se inició para determinar posibles responsabilidades en plena etapa de aislamiento, y debieron pagar $1.600.000 en concepto de resarcimiento.
El hecho ocurrió durante el cumpleaños de Fabiola Yañez, en julio del 2020, mientras regían las restricciones por la pandemia del coronavirus para todo el país. La primera dama también tomó la misma postura que Fernández y decidió abonar una suma para cerrar el caso a un valor de 1,4 millones de pesos.
Las donaciones ofrecidas por el Jefe de Estado y su pareja se califican como “reparaciones integrales”, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, la cual requiere que las ofertas sean aceptadas por un fiscal y homologadas por un juez para la posterior extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
