El ranking de empresas más privilegiadas por la obra pública que difundió ayer Cristina Kirchner por cadena nacional esconde dos tercios de los fondos distribuidos por el Ministerio de Planificación durante los 12 años de gestión kirchnerista. Con esta maniobra, el Gobierno intenta despegarse del extravagante crecimiento de empresarios como Lázaro Báez y busca deslindar responsabilidades en las licitaciones hechas por los gobiernos provinciales.
El listado que le permitió a la Presidenta ironizar con el “capitalismo de enemigos” que supuestamente mantuvo durante su gestión cuenta solamente las obras centralizadas por el ministerio que conduce Julio De Vido. Totalizan alrededor de $ 200 mil millones. Sin embargo, desde esa cartera reconocen que en estos años se hicieron unas sesenta mil obras, por casi $ 600 mil millones. Eso significa que hay unos $ 400 mil millones que no están considerados en ese ranking.
El propio De Vido, en su primer comunicado, justificó que esa parte son “obras ejecutadas por distintas provincias y municipios, en el marco de sus normativas y procedimientos específicos de contratación”.
En el mundillo de los contratistas del Estado, sin embargo, existe coincidencia en dos cuestiones. Primero, durante todo este período la mayor parte de la obra pública de relevancia se hizo con fondos de Nación. Segundo, que cualquier licitación contó siempre con el visto bueno, como mínimo, del propio De Vido.
De esta manera, Cristina reconoce haberle pagado solamente $ 1.019 millones a las empresas de Lázaro Báez, dejándolo así en el puesto 40º. Pero según la información que Planificación le envió al juez Claudio Bonadio, hay $ 7.847 millones más que se pagaron de manera descentralizada. Desde la cartera de De Vido se negaron a pasar la información completa, para conocer cómo quedaría el ranking de empresarios más favorecidos si se cuentan los dos tercios restantes que se invirtieron. En el sector dan por descontado, por ejemplo, que la empresa Electroingeniería pasaría a la cima de las posiciones. Pero nadie se anima a decirlo ante los micrófonos; no quieren quedar fuera del negocio.
En el sector, en tanto, también hay dudas sobre cómo se confeccionó el listado. Hay empresas que aseguran que, a diferencia de lo hecho con el Grupo Austral de Lázaro Báez, en el monto que se les contabilizó incluyen obras licitadas por las provincias pero financiadas por la Nación. Incluso sospechan que por eso Techint figura en el primer lugar. “Todos pensamos que hay inexactitudes, que fue hecho de manera arbitraria”, expresó uno de los hombres del negocio. “Nos metieron en medio de una pelea política, con mensajes entre una parte
y la otra”, sostuvo. En ese sentido, a muchos les llamó la atención –aunque no les sorprendió– la aclaración de que Angelo Calcaterra de Iecsa sea primo de Mauricio Macri. Lo ven como un mensaje, que apunta a la política y a los negocios, pero siempre con una mira en lo que pase con Lázaro en la Justicia.
Las provincias beneficiadas
La discrecionalidad en la distribución de fondos del Ministerio de Planificación a las provincias fue muchas veces motivo de críticas. Y en ese listado siempre figuró en el podio Santa Cruz, el terruño K. Si se cuentan los fondos que la cartera de Julio De Vido debía girar a las provincias según los presupuestos de estos 12 años (2004-2015), la provincia patagónica aparece en el tercer puesto con el 2,3% del total. El listado lo encabeza la provincia de Buenos Aires (8,8%), que por peso específico y magnitud está siempre en el primer lugar. Pero segunda también aparece otra provincia de las denominadas “chicas”: Chaco (2,5%). Precisamente, Santa Cruz y Chaco (más Formosa, que está sexta) son las provincias donde logró hacer pie el Grupo Austral, de Lázaro Báez.
