El Senado se encamina esta semana a dar media sanción al proyecto de ley para brindar facultades al presidente Alberto Fernández para tomar medidas sanitarias a nivel nacional en el contexto de la pandemia, aun cuando no haya acuerdo con los distritos afectados.
La normativa que se originó a partir del conflicto entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales será tratada en sesión el próximo miércoles, con la posibilidad de darle sanción definitiva en Diputados el viernes.
En el caso de que no se llegue con los tiempos parlamentarios, en el Gobierno podrían realizar una prórroga del DNU con restricciones que vence ese mismo viernes 21 de mayo.
Desde la Casa Rosada, uno de los funcionarios con mayor llegada al despacho presidencial destacó que “el tratamiento en comisión fue un espacio donde se escucharon todas las voces y durante ese tratamiento no se incorporó ninguna cláusula”. La mención tiene que ver con la posibilidad de agregar al texto original una cláusula de adhesión voluntaria de las provincias que circuló a nivel parlamentario pero que incluso rechazó la propia secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en su exposición en el Senado el último miércoles.
“La ley que prohíbe la venta de cigarrillos a menores no dice ‘las provincias pueden adherir o no’. Esto es igual. Se va a discutir en el Parlamento una ley que se va a aplicar de Tierra del Fuego a Jujuy”, ejemplificaron desde Nación.
Ibarra junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, fueron las encargadas de dar los detalles de la propuesta basada en el modelo alemán que pretende establecer parámetros epidemiológicos objetivos a partir de los cuales encarar restricciones, suspensión de actividades recreativas o comerciales y de clases presenciales.
“La idea de tener parámetros objetivos es dejar de discutir detalles por politiquería y que nos rijamos por números acordados por los representantes de todas las provincias en el Congreso Nacional”, defienden desde el oficialismo.
Desde Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, no se encuentran dispuestos a avalar una normativa que, según denuncian, “viola la Constitución”. En este sentido, el jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri, advirtió que “los gobernadores peronistas pagarán un alto costo político si sus legisladores votan con mano de yeso”.
También se expresó en contra el senador por Corrientes Pedro Braillard Poccard, quien fue ministro de Salud de la Provincia, consideró que el gobierno nacional pretende “desviar la atención del principal objetivo, que es la compra de vacunas” y defendió el conocimiento de cada distrito sobre la situación sanitaria: “Pretenden controlar al interior desde la Ciudad de Buenos Aires, ellos no nos van a enseñar qué tiene que hacer cada provincia”.
PASO y biocombustibles, en Diputados
La Cámara de Diputados sesionará este miércoles después de un parate parlamentario desde finales de marzo para avanzar con las modificaciones del calendario de las elecciones PASO y generales en el contexto de la pandemia. Además, apunta a dar dictamen al proyecto de biocombustibles impulsado por el kirchnerismo, que realiza cambios al sistema que viene funcionando hace ya 15 años y también al polémico texto para reformar el Ministerio Público Fiscal. “Tienen una idea loca de aprobar esta ley de Ministerio Público que envió el Senado, que además de ser un mamarracho jurídico, tiene la sola intención de manejar los fiscales en el sistema acusatorio que se está poniendo en marcha”, cuestionó Mario Negri desde Juntos por el Cambio, dejando claro el rechazo de su espacio a la movida respaldada por Cristina Kirchner.
