Elevan una queja formal ante Chile por avanzar sobre la plataforma argentina

El gobierno nacional presentó su queja formal ante Chile, Naciones Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos por el avance sobre los límites de su plataforma continental, acorde al decreto publicado en el Diario Oficial  trasandino hace una semana que proyecta sus dominios más allá del meridiano bisagra de los 67º 16’ 0. Mientras tanto, en el Senado, el proyecto de  declaración que condena la movida unilateral en el país vecino tuvo ayer dictamen con la firma de todos los sectores políticos.

Desde el Ejecutivo trabajaron durante varios días en los documentos que activan la queja formal tanto a nivel bilateral como multilateral. Copia de los documentos fueron remitidas ayer al gobierno chileno, a través de su embajada en Buenos Aires, y a los organismos internacionales competentes en la materia.  Alegan que no solo no hubo una oposición formal de La Moneda a lo largo de todo el proceso de demarcación ante Naciones Unidas sino que incluso existió cooperación técnica entre Buenos Aires y Santiago a lo largo de los últimos años.

El ejemplo más palpable se evidencia en la reunión del 16 de diciembre de 2016, en Buenos Aires, de los gabinetes de los entonces presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet. Entre los tantos puntos que se abordaron, hubo un apartado específico sobre “Cooperación en materia de demarcación del límite exterior de plataforma continental”. En la declaración final se lee que “Argentina mantiene el compromiso de poner a disposición de Chile la experiencia obtenida en el proceso de presentación de su informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, tanto en los aspectos científicos como jurídicos, y Chile agradece el ofrecimiento”.

Esto indica que Chile no solo estaba al corriente de la demarcación argentina, la misma que ahora viola, sino que hasta correspondió al ofrecimiento de Buenos Aires de compartir su experiencia metodológica en el trabajo que arrancó en 1997 y se extendió por casi dos décadas. A lo largo de 2017 y 2018, las administraciones de Bachelet y Piñera solicitaron hasta tres reuniones de trabajo en las que la Argentina les explicó la metodología. Lo que prueba que hubo una efectiva cooperación técnica en la materia que no se condice con el tajante rechazo que el país vecino alega haber manifestado en 2016 y otra vez en 2020, ante Naciones Unidas.

En un mensaje subido el jueves a las redes sociales, el canciller trasandino, Andrés Allamand, expresó que consideran “inoficioso entrar en un mayor debate público” con la Argentina sobre su Carta Náutica 8. Y subrayó que “las autoridades argentinas fueron debidamente informadas en forma preliminar de la actualización y su implicancia para la medialuna”.

En Cancillería insisten en que no hubo señales de esta movida. De hecho, solo unos días antes del decreto del 27 de agosto –con firma del 23– Allamand había coincidido en una cena con el embajador argentino de aquel lado de la cordillera, Rafael Bielsa, en su residencia y el tema no estuvo presente en la mesa si de aplacar el conflicto se trataba.

Ayer, el Senado avanzó con un dictamen consensuado sobre la declaración en apoyo a la postura argentina. “El Senado de la Nación declara su  más  firme  respaldo  al  trabajo  realizado  por  el  Estado  argentino  a través  de  la  Comisión  Nacional  del  Límite  Exterior  de  la  Plataforma Continental (Copla), el cual se ajusta al Tratado de Paz y Amistad de 1984  y  que  fuera  reflejado  en  la  Ley  Nacional  27.557,  aprobada  por unanimidad en ambas Cámaras  del  Congreso  de  la  Nación  el  4  de agosto de 2020”, reza el documento.

Además, deja constancia de “su más enérgico rechazo a la pretensión del gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental al Este del Meridiano 67° 16’ 0” y “su  rechazo  por  el  intento  de  apropiación por parte de  Chile de una extensa área de los  fondos  marinos  y  oceánicos,  espacio que forma parte del Patrimonio  Común  de  la  Humanidad”.