La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió que se declare nulo el informe que la vincula con la agresión de referentes de Cambiemos a jueces y en especial a la ex procuradora, Alejandra Gils Carbó. El informe que se conoció a principios de este mes busca dilucidar si los integrantes principales del entonces oficialismo se refirieron de forma peyorativa y descalificante a diversos actores del poder judicial. El diputado nacional y jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aseveró que se trata de una "venganza" contra Carrió.
El estudio fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) y se inició a partir de la solicitud de Picardi. Además, se confirmó que los datos obtenidos se sumarán a la investigación del fiscal en la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles” que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti.
Dentro de los referentes cambiemitas que aparecen en el texto, divididos en grupo A y B de acuerdo a su importancia, aparece Carrió. Por eso la dirigente de la Coalición Cívica le hizo legar una presentación a la jueza Capuchetti para que "se declare la nulidad absoluta del informe emitido por la DAJUDECO con fecha 3 de noviembre de 2021, de los pedidos pedido de informes y libramientos de oficios realizados por el Fiscal que dieran origen al mismo, y de todo acto que se hubiera realizado en su consecuencia".
Entre los primeros argumentos que esgrime, Carrió explica que fueron afectados sus derechos y garantías amparados en la constitución como la libertad de expresión, las garantías del debido proceso y la inmunidad de opinión parlamentaria. “Ello es así porque el fiscal Picardi y la Dajudeco. al escrutar judicialmente las opiniones vertidas en redes sociales por mi persona, menoscaba la libertad de expresión de la ciudadanía, lo que se agrava si se tiene en cuenta que esas expresiones fueron vertidas en el ejercicio de mi mandato como diputada de la Nación”, explica en otro pasaje.
Para la dirigente, el informe y la acusación le causaron "un agravio moral de imposible reparación ulterior y constituyendo un evidente caso de gravedad institucional cuyos efectos deben ser dejado sin efecto de forma inmediata y sin más dilaciones".
Además, la ex candidata a presidenta resumió dentro del texto parte de su curriculum académico y político para justificar su buena fe. Entre ellos se destacan 82 pedidos de juicio político a presidentes de diversos partidos políticos, camaristas, jueces de la Corte y ministros de la Nación. “Que quede claro: no fui, no soy ni seré parte de entramados corporativos, corruptos o reñidos con la ley. Por el contrario, luché, lucho y lucharé durante toda mi vida contra los mismos”, subrayó al respecto.
La presentación y el pedido de Picardi
"La DaJuDeCo hace un trabajo de inteligencia de recopilación de tuits y denuncias para decir que "Lilita" formaba parte de la "mesa judicial" y presionaba magistrados", resume a PERFIL el diputado nacional y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.
Según consta en el propio pedido de nulidad hecho por Carrió a Capuchetti, el fiscal Picardi le solicitó a la DaJuDeCo elaborar un informe técnico con el fin de relevar "todas aquellas manifestaciones directas de carácter público -bien sea por entrevistas, conferencias u otros eventos, redes sociales, etc.- de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales…”.
López afirma que Carrió siempre se dedicó a los temas de control del poder judicial y que la presentación se corresponde con "una defensa que pide que la jueza reasuma la causa y se declare nulo el informe de la DaJuDeCo, excluyendola de cualquier tipo de investigación".
"Picardi es una persona relacionada al kirchnerismo"
En el escrito presentado por Carrió en el despacho de Capuchetti, se apunta contra el ciberpatrullaje llevado adelante por la DaJuDeCo pero también contra el fiscal que pidió el informe.
"Picardi fue funcionario de Juli Alak cuando era Ministro de Justicia y es una persona relacionada con el kirchnerismo", le dice a este medio López. "Creo que le está haciendo un favor a Cristina para darle aire a una causa bastante tirada de los pelos como es la de la "mesa judicial" con la expectativa de ser juez federal en Lomas de Zamora que es un cargo al que aspira, por el que concurso y que todavía no le dieron", dice el congresista.
Para el referente de la Coalición Cívica, involucrar a Carrió es parte de la venganza de "un sector del kirchnerismo" porque formuló denuncias mucho antes de que Mauricio Macri fuera presidente de la Nación.
Los funcionarios judiciales mencionados en el informe de la Corte
En base a publicaciones en la red social Twitter y distintos sitios en internet, la Dirección de Asistencia Judicial concluyó que existió una particular aversión contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, de parte de funcionarios y referentes de Cambiemos, entre ellos Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Laura Alonso, entre otros.
La camarista de Casación Federal Ana María Figueroa, el también camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, fueron otros de los que aparecieron repetidamente mencionados en el relevamiento de manera negativa.
El informe de 326 páginas, que tendrá una versión final, enlistó las menciones de los principales figuras del oficialismo entre 2015 y 2019 y registró expresiones como “militante K”, “magistrada militante”, “impunidad de los corruptos”, “kirchnerista” y otras que repetían funcionarios del Poder Ejecutivo, como el presidente de entonces, su ministro de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria”, dijo en mayo de 2017, en declaraciones públicas en Casa Rosada, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña al referirse a Gils Carbó.
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El caso de la ex procuradora es el más resonante en el informe, que registró un crecimiento exponencial de la virulencia de los ataques públicos del entonces oficialismo a partir de junio de 2017, lo que termina luego con la renuncia de la funcionaria a fin de año.
Los otros jueces mencionados son Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler, por los ya ex funcionarios Jorge Triaca, Gustavo Arribas, Fabián Jorge "Pepín" Rodríguez Simón, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y José Torello, entre otros.
cp
