La denuncia de una empleada doméstica por trabajo esclavo pone en evidencia el alto nivel de informalidad de empleo que se registra en countries. El barrio en el que trabajaba la joven fue parte del operativo que meses atrás hizo el gobierno bonaerense y ahora será multado por negarse a presentar los registros.
Una empleada doméstica denunció trabajo esclavo y amenazas de muerte por parte de su empleadora. La joven, de 23 años, fue contratada como empleada doméstica de lunes a viernes con cama y salida los fines de semana.
Este miércoles se conoció que la dueña de la casa no la dejaba salir y cuando llamó a su madre y le contó lo sucedido, la dueña de la casa la subió a su camioneta con un bidón de nafta. “Me dijo que me iba a prender fuego”, dijo la joven ante C5N que terminó tirándose del vehículo.
La vivienda está ubicada dentro del Barrio Parque Náutico Boating de Beccar y fue parte del operativo de inspección que hizo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires meses atrás. Este country fue intimado a que presenten los registros de ingresos de trabajadoras pero nunca lo hizo.
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Este 10 de marzo vence el plazo para que presenten la información por lo que el ministerio se prepara para multarlo por obstrucción de la labor de inspección. “Varios countries presentaron los registros de ingresos de trabajadoras y los niveles de informalidad que se están detectando son muy altos”, explicaron desde el gobierno bonaerense. Hubo dos que ni siquiera presentaron los registros, entre ellos el de Beccar (San Isidro).
La provincia había realizado intimaciones para presentar los registros de ingreso de trabajadoras de casas particulares en 11 urbanizaciones cerradas de ocho partidos (Almirante Brown, Berazategui, La Plata, Pilar, San Vicente, Lobos, San Isidro, Tigre.). Se contabilizaron 3.544 viviendas y el cruzar la información de los registros de trabajadoras de casas particulares por domicilio se encontró que solo 704 trabajadoras tienen domicilios de trabajo declarado por su empleador en estos barrios.
“Si las administraciones cuentan con esta información, impedir que el Estado acceda a la misma, es una acción que impide verificar el cumplimiento de la ley, lo que se configura como una infracción de obstrucción”, explicó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec en sus redes sociales. Y detalló que en el territorio bonaerense “el 99% ocupadas en este sector (doméstico) son mujeres. Teniendo en cuenta la situación de pobreza de las mujeres trabajadoras de casas particulares se observa que, del total, un 51% son pobres”.
La multa que recibirá este country, de no presentar los papeles, será millonaria y los propietarios deben hacerse cargo. El costo de registrar una trabajadora por mes es de $2500 mensual y $500 si trabaja menos de 12 horas semanales.
RA cp
