La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, no sólo dejó 52 muertos y decenas de heridos. Cuando el polvo del óxido se asentó sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento, quedaron al descubierto años de desmanejos, sobreprecios y negociados en la administración de los ferrocarriles nacionales.
En el caso de TBA, la empresa de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano que administraba las líneas Sarmiento y Mitre, el negocio era redondo. Además de manejar ferrocarriles que movilizaban al 40% de los pasajeros de trenes metropolitanos, se dedicaban a la (supuesta) reparación y mantenimiento de los mismos.
Una investigación de Perfil.com del año 2009 reveló que el Gobierno le concedía a TBA un subsidio para mantenimiento de formaciones, además de los ya conocidos fondos para mantener bajas las tarifas. El Grupo Cirigliano podía elegir quién realizaba las tareas de reparación: la mayoría recaía sobre Emprendimientos Ferroviarios S.A. (EMFER), una de las empresas del grupo Comercio Metropolitano de Transporte (Cometrans), grupo del que los Cirigliano eran accionistas mayoritarios.
"Hay un llamado a licitación y un contrato", justificaba hace seis años la empresa. El diputado por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui, denunciaba a este portal que a las empresas "se les otorga un subsidio extra, esto quiere decir que no les importa que se rompan los trenes, ya que paga el Estado. Si les dan el subsidio lo arreglan; sino, no". Arreglar cada unidad tenía por entonces un costo estimado de tres millones de pesos.
El deterioro de los ferrocarriles no era exclusivo de las formaciones. En 2011, un año antes de la tragedia, Perfil.com también informaba que los trenes de dos pisos que había presentado por esa época la presidenta Cristina Fernández de Kirchner circulaban por vías sin tornillos ni fijaciones.