Para muchos, el nombre del documento oficial que analizaba el accionar de la Dictadura durante la Guerra de las Islas Malvinas resultaba hasta ahora desconocido. Anoche, sin embargo, la denominada "desmalvinización" podría comenzar a resquebrajarse con la orden presidencial de desclasificación del "Informe Rattenbach", del cual se esperan viejas nuevas respuestas, en el marco de una incipiente nueva tensión diplomática con el Reino Unido.
Hubo intentos previos por publicar el informe, como el impulsado por diputados radicales durante el último año de la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces, Federico Storani y Pedro Azcoiti promovieron una primera tirada de distribución gratuita de 5.000 ejemplares. Finalmente, la Cámara no acompañó el proyecto de ley.
Durante el acto de este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner ordenó al canciller Héctor Timerman y al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, la conformación de "una comisión que proceda a la apertura y el conocimiento público del Informe Rattenbach", la investigación secreta que se encargó bajo el régimen del dictador Reynaldo Bignone.
Un decreto secreto del 2 de diciembre de 1982 creó entonces la "Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto del Atlántico Sur". Sólo se imprimieron cerca de 13 ejemplares, los cuales fueron distribuidos entre los altos mandos de la Junta Militar y entre los integrantes de la comisión investigadora. Todos ahora permanecen clasificados en dependencias del Estado Mayor Conjunto.
Treinta años después, y en medio de crecientes y sostenidas tensiones entre la diplomacia argentina y británica por la soberanía de las Malvinas, las causas del ocultamiento del informe comienzan a ser descubiertas.
Al finalizar la guerra, Reino Unido diseñó su propio reporte oficial, el "Informe Kershaw". Allí se reconoce que de no haber imperado el enfrentamiento bélico, se podría haber podido reconocer la soberanía a la Argentina a través de un acuerdo tipo "leaseback" (se cede la propiedad pero con condiciones de explotación por un período determinado de tiempo).
El entonces retirado Teniente General Benjamín Rattenbach (miembro del "Centro de Militares para la Democracia"), quiso responder a ese documento y buscar responsabilidades en el país. Fue entonces cuando el documento entregado al gobierno de facto regido por Reynaldo Bignone, decía que se debían imponer la más fuertes sanciones bajo el Código de Justicia Militar. Entre ellos, la pena de muerte para Galtieri. Esto motivó la rápida disolución de la comisión y la derogación del Informe.
El lapidario informe asimismo calificó como una "aventura militar" la incursión militar en las Islas del Atlántico Sur. Todas las tareas de comunicaciones, logística y tácticas fueron "ineficientes", para los investigadores militares. A la par, condenó el "exceso de optimismo, exitismo e incapacidad para la planificación de las operaciones bélicas" y el hecho de que se hayan enviado "conscriptos sin la debida capacitación".
En declaraciones a Radio Continental, Augusto Rattenbach, hijo del titular de la comisión, remarcó que "queda muy claro que el país no estaba preparado para algo así (por la guerra de Malvinas)". "Hay una crítica a la conducción superior del país", añadió acerca del informe.
Además, en diálogo con LT10 habló de posibles cambios que pudo sufrir el informe antes de ser archivado. El hijo de Rattenbach señaló que “es posible que este informe haya sufrido cambios pero yo no tengo noción de qué es lo que se pudo haber cambiado. Mi padre me dijo antes de morir que lo militares modificaron el informe para alivianar las críticas al capitán Astiz”.
Con la publicación del informe, Cristina afirmó que espera "demostrar claramente que aquello no fue una decisión del Pueblo Argentino, sino una decisión de una junta desesperada por tapar una realidad", lo que podría ser usado como parte de la estrategia por la recuperación diplomática de las Malvinas, al subrayar que no se trató de un gobierno elegido democráticamente.
