Las ocupaciones de tierras se perfilan como el nuevo punto de conflicto entre oficialismo y oposición en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno bonaerense sugiere que puede haber una intencionalidad política detrás de las tomas, sin dejar de reconocer el problema habitacional, desde Juntos por el Cambio reclaman que se prive a los responsables de todo acceso a planes sociales.
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, subrayó que “no es legal tomar tierras ni propiedades”, en declaraciones a Futurock, y afirmó que tanto a la administración de Axel Kicillof como a los intendentes les preocupa que las usurpaciones sean “direccionadas”. “La gente humilde que no tiene dónde vivir no va con un escribano”, añadió.
“Esto desnuda el déficit habitacional existente, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires”, planteó García y remarcó que, “en los últimos cuatro años, solo se construyeron 2 mil viviendas”.
Se calculan que unas 4.500 hectáreas de la provincia de Buenos Aires se encuentran en esta situación. García precisó que el año pasado se registraron unas 140 tomas por mes y detalló que “este año son 40”, por lo que estimó que “la responsabilidad del Estado es evitarlas y ocuparse de la situación de emergencia en que vive esta gente, que está en una situación indigna”.
“La gente que no tiene dónde vivir, cuando ve la posibilidad de asentar una vivienda precaria en un terreno lo hace, pero no es menos cierto que hay lugares donde estas tomas se originan de manera rara, en las que acuden abogados y escribanos, y, al día siguiente, presentan amparos”, diferenció.
Por su parte, la jefa comunal de Presidente Perón, Blanca Cantero, aludió a un “negocio inmobiliario” detrás de las ocupaciones ilegales de terrenos. En Guernica, se estima que unas 2.500 familias se instalaron en 100 hectáreas, una de las tomas más grandes del país.
La intendenta señaló que “hay muchas personas humildes pero también hay quienes la piensan como un negocio inmobiliario” y describió que algunos ocupantes lotearon el terreno, razón por la cual los denunciaron en la Justicia.
“Primero fueron 200 personas y vino la policía, pero al otro día eran el doble”, dijo Cantero, tras asegurar que “todos los vecinos de Presidente Perón están en contra porque es ilegal”. “Es un momento difícil pero tomar tierras es ilegal y, además, la toma se volvió muy violenta”, expresó la intendenta. Apuntó a los “movimientos de izquierda”.
Desde la bancada de Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley con el que buscan condicionar asignaciones y beneficios sociales bonaerenses a quienes usurpen tierras. Se trata de un proyecto del diputado Alex Campbell con el que proponen restringir el acceso por dos años desde que las autoridades toman conocimiento del delito.
En paralelo, intendentes de la costa atlántica bonaerense pidieron ayer “tranquilidad, prudencia y solidaridad”, luego de que varias personas con propiedades en esos distritos intentaran trasladarse en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para comprobar si sus inmuebles habían sido ocupados.
“Se intenta instalar en los medios de comunicación una problemática que no es reflejo de la realidad de nuestros municipios, donde al momento no han existido situaciones de tal naturaleza”, alcararon los jefes comunales del Partido de La Costa, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Villa Gesell, General Alvarado) y Punta Indio.
