En 2020, en plena plandemia, la Argentina reconoció el estatus de refugiado a un promedio superior de solicitantes en relación al promedio de los últimos cinco años, entre 2016 y 2020, aunque por debajo de un pico que se dio en 2019, relacionado al fenómeno venezolano y previo al estado de emergencia global. Así se desprende de las estadísticas que figuran en la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), el órgano que se ocupa de recepcionar y resolver las solicitudes en el país.
En medio del contexto de emergencia del año pasado, y con el organismo sufriendo la misma parálisis temporal que el resto de la administración nacional durante los primeros meses de la cuarentena, el porcentaje de resoluciones favorables fue del 27%. Esa tasa fue notoriamente menor al 42% de 2019 y superior al promedio de los últimos cinco años, del 24%. En 2018 había sido del 23%; en 2017, del 11% y en 2017, del 17%.
Estos porcentajes se toman sobre el total de casos resueltos –rechazados o aceptados en primera instancia– y en gran medida se explican por factores coyunturales que inciden para que ciertos trámites se resuelvan con más rapidez que otros.
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La Conare define a una persona refugiada como “aquella que se encuentra fuera de su país de origen debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social” y que “no pueda o no quiera” acogerse a la protección de dicho país o “que ha huido de éste porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por violencia generalizada, conflictos armados o violaciones masivas de derechos humanos”. Cada petición sigue un proceso evaluativo. Algunas son rechazadas como “manifiestamente infundadas” y las decisiones pueden apelarse.
Durante los últimos cinco años, los venezolanos han encabezado el número de peticiones, con 4.391 solicitudes. Lo llamativo es el crecimiento exponencial a partir de 2018, cuando el número se octuplicó y pasó de 135 a 883 casos presentados. En 2019, alcanzaron los 2.157 y en 2020 fueron 1.159. Este movimiento se explica por la vulnerabilidad del colectivo venezolano en el país: desde el ingreso de las corrientes más frágiles, que tardaron en desandar la ruta a pie desde su hogar y luego las condiciones de vida de muchos de ellos en empleos irregulares y a quienes la pandemia golpeó con particular crudeza.
Solo en 2019, los venezolanos contabilizaron 294 de las resoluciones favorables, seguidas por 21 resoluciones de sirios, 11 colombianos, 11 ucranianos, 6 haitianos, 5 cubanos y 83 positivos repartidos entre otros orígenes. Fue el año con la mayor cantidad de resoluciones favorables desde 2016 y solo los venezolanos explican un tercio del total de estos cinco años.
En el ranking de nacionalidades de peticionantes, le siguen los senegaleses (1.609) –con una alta tasa de rechazo por considerar que no cumplen con las condiciones de un desplazado–, los haitianos (1.267), cubanos (885) y dominicanos (703). Un dato llamativo son las 56 peticiones bolivianas en 2019 y las 65 de 2020 cuando en los años previos apenas se registraban uno, tres y cero casos. Se concedieron 62, la primera nacionalidad en 2020, lo que se explica por las circunstancias que rodearon al golpe de Estado del año previo y las denuncias de persecución por parte del masismo.
Por lejos, el grupo etáreo más populoso es el que se enmarca entre los 18 y los 59 años, casi el 82% del total de los peticionantes. En 2019, el año que fue también el de mayor cantidad de solicitudes de los últimos 35 en Argentina, se contabilizó el mayor número de menores de once años de edad, 569 sobre 3.184 solicitudes. Ese pico se vincula con la denominada disposición 520/19 de Migraciones que permitió a los venezolanos ingresar con menores al país sin otro documento que la partida de nacimiento, provocando luego un problema en su radicación.
