La justicia federal de Tucumán evalúa citar a declarar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, en la causa en la que se investiga el funcionamiento de dos centros clandestinos de detención en esa provincia, cuando ella era presidenta.
"Si finalmente llega a concretarse la extradición de Martínez de Perón desde España a la Argentina, requeriríamos que la citaran a prestar declaración indagatoria", dijo el fiscal Emilio Ferrrer en declaraciones a Radio América.
El fiscal investiga los hechos ocurridos en los centros de detención clandestinos conocidos como "La Escuelita" de Famaillá y el ex ingenio Nueva Baviera, que funcionaban en la provincia de Tucumán en 1975.
Ferrer explicó que investiga los hechos ocurridos cuando "se intentó desbaratar la lucha guerrillera en los cerros y montes tucumanos, que derivaron en severas violaciones a los derechos humanos, entre detenciones y desapariciones".
La causa, dijo el fiscal, se fundamenta "en las pruebas derivadas de nuevos testimonios y otros que ya figuran en los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desparición de Personas (CONADEP)".
En Tucumán hay unas 500 causas judiciales en marcha, en casi una decena de las cuales están ya procesados, con órdenes de prisión preventiva y millonarios embargos, los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.
María Estela Martínez de Perón tiene dos pedidos de captura internacional, solicitados por los jueces federales Raúl Acosta y Norberto Oyarbide.
El juez Acosta investiga la desaparición de dos personas en Mendoza durante la presidencia de “Isabelita”. Oyarbide, por su parte, está al frente de la causa que investiga el accionar, durante la presidencia de la viuda de Perón, de la banda ultraderechista Triple A, comandada por José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social, y hombre de confianza de la presidenta.
Fuente: Télam
