El juez de Reconquista Fabián Lorenzini hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera Vicentín por un plazo de 60 días en el marco del concurso preventivo de acreedores. Además, el magistrado estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor por ese tiempo, que es prorrogable en el caso de que la Justicia lo considere pertinente.
Así lo dispuso el juez en lo comercial ante una presentación de los dueños de la empresa, la cual es motivo de controversia a raíz de la decisión del Gobierno Nacional que busca la expropiación de la cerealera Vicentin.
En el mismo fallo, Lorenzini se declaró incompetente respecto al pedido inconstitucionalidad del DNU que intervino la empresa. A comienzos de marzo, el juez había aprobado el concurso preventivo del Grupo Vicentin que los dueños de la empresa solicitaron el 10 de febrero, después de anunciar en diciembre la cesación de pagos de sus compromisos por cuestiones financieras.
La cerealera planteó que una vez oficializado el interventor dispuesto por el Gobierno nacional, se vio afectado el normal funcionamiento de la firma y el proceso concursal. En ese marco, los dueños pidieron a Lorenzini "la inmediata restitución" del Directorio de la sociedad. Con el fallo dado a conocer este viernes 19 de junio, el magistrado accedió a esta solicitud.
A principios de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa, cuya deuda ronda los US$ 1.350 millones, y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla "de utilidad pública y expropiación". La decisión no fue bien vista por una parte de la sociedad que realizó protestas de distinta índole, desde caravanas a cacerolazos en contra del accionar de la Casa Rosada.
No todas las posturas son contrarias a la acción del Gobierno. Uno de los integrantes de la comisión gremial interna de Vicentin, Leandro Monzón, aseguró que con la intervención estatal de esa empresa finalizaron las dudas: "Se paró la incertidumbre en Avellaneda (Santa Fe), que venía no sólo desde diciembre por lo de la cesación de pago, sino desde hace más de dos años, cuando Vicentin cerró dos procesos productivos acá y los llevó a San Lorenzo", en la misma provincia, señaló el sindicalista.
Quién puede ser un "Galuccio" para la Vicentin estatal
Según Monzón, los dueños de Vicentin "hicieron algo similar en los 90, cuando dejaron a 1200 trabajadores afuera, y ahora la solución que dio el Gobierno, la ayuda, la intervención, fue una esperanza para los trabajadores a futuro, porque la empresa nunca dio un panorama de cómo iba a continuar". Además, dijo que "los medios hegemónicos dicen que todo lo que toca el Estado lo arruina, entonces los trabajadores nos preguntan, y nosotros les decimos que (la intervención) es la salvación de algo que no tenía futuro, porque la empresa iba a la quiebra y no se avizoraba otra cosa".
"Nosotros veníamos de audiencia tras audiencia porque, además, ellos tenían una deuda que iba de 100 mil a 120 mil pesos por cada trabajador", añadió el dirigente, en declaraciones radiales. Con relación a las protestas contra la decisión del Estado de intervenir y expropiar esa cerealera, comentó: "Las manifestaciones de la ciudadanía están bien, porque cuando nosotros hacemos huelga o movilizamos no nos gusta que nos estigmaticen". "Lo que sí repudiamos es el accionar del intendente (de Avellaneda) Dionisio Scarpin, porque cuando a nosotros nos cerraron dos procesos productivos y los ciudadanos de esta ciudad se quedaron sin trabajo, él nunca se expresó ni solidarizó con los trabajadores", concluyó.
B.D.N. CP
