En el último tramo del juicio contra el ex prefecto Héctor Febres, los querellantes respondieron con firmeza el intento de la defensa de relativizar los dichos de los testigos que estuvieron detenidos ilegalmente en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
"La verdad tiene fuerza intrínseca que la hace sustentable", dijeron los querellantes, en tanto que calificaron a los sobrevivientes de ese centro clandestino de detención que declararon durante el proceso como "los encargados de construir memoria y verdad".
Febres está acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, que tuvo entre sus víctimas a Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari.
En su alegato final, los defensores oficiales Víctor Valle y Roberto Carnevaro habían pedido a los integrantes del Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) que analice con "cautela y prudencia" los dichos de los sobrevivientes
Otro punto del alegato defensivo que fue duramente criticado por los acusadores oficiales y particulares fue cuando dijeron que el imputado no consideraba a los cautivos en la ESMA como "perseguidos políticos" sino que entendía que "estaban fuera de la ley".
A "Febres ni se le ocurría pensar que (los prisioneros) estaban ahí porque fuesen peronistas o radicales, entendía que eran personas que habían cometido delitos", dijeron textualmente en su alegato los Defensores Oficiales.
La réplica enfatizó que "ha sido práctica de los Estados negar la persecución política" y desvirtuaron ese argumento en base a las preguntas sobre la pertenencia política y social a que se sometía a las víctimas en las sesiones de torturas, tal como lo declararon uniformemente los testigos.
El juicio contra Febres es el primer proceso oral y público en el que se ventilan los delitos de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, que ahora servirá como espacio para la memoria del genocidio perpetrado por el Estado argentino.
El veredicto. El próximo 14 de diciembre se definirá la situación de Febres. Allí, los magistrados deberán optar entre los 25 años de prisión que pidieron coincidentemente las querellas y la fiscal Mirna Goransky; la absolución que reclamaron Valle y Carnevaro; o una pena intermedia en caso de que lo consideren culpable.
Fuente: Télam