Para poner en práctica el régimen de extinción de dominio no hace falta que los “sabuesos de Macri” salgan rápidamente a buscar bienes o activos. En depósitos de las fuerzas de seguridad de diferentes puntos del país se acumulan bienes incautados por los efectivos, en su mayoría en casos de narcotráfico y contrabando. Sin embargo, por los tiempos de la Justicia hoy todo ese material acumula polvo, pierde valor y requiere de un gasto del Estado para su conservación.
Desde el Ministerio de Seguridad estiman que tienen bajo custodia bienes por unos 600 millones de dólares. De aplicarse la extinción de dominio, primero sus titulares deberían demostrar que los adquirieron con fondos lícitos y que no los tienen desde antes del delito que se investiga. Y si el juez decide pasárselos al Estado, podrán ser subastados o directamente utilizados (tanto para equipamiento como para políticas sociales).
El destacamento de Gendarmería en Orán (Salta) o los de Prefectura en Puerto Iguazú y Santa Ana (Misiones) son algunos de los ejemplos donde se acumulan vehículos, cajas y bolsas sin ningún uso. También en el predio que la Policía Federal tiene en Campo de Mayo o en un galpón del barrio porteño de La Boca, que, según reveló esta semana Clarín, le cuesta al Gobierno $ 250 mil mensuales de alquiler. En este último, por ejemplo, hay 35 autos de alta gama secuestrados en causas de corrupción y narcotráfico. Allí se luce una Ferrari roja que se incautó en los procedimientos que terminaron con el sindicalista de la Uocra-La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, preso y que tiene un valor estimado en más de un millón y medio de dólares.
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Pero no todo es lujo. En el predio misionero de Puerto Iguazú hay camionetas pick- up y utilitarias que podrían ser utilizadas por organismos públicos, tanto nacionales como provinciales. En Santa Cruz, por ejemplo, ya se le pudieron ceder al municipio de Río Gallegos vehículos y maquinarias que eran propiedad de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, y hoy son utilizadas con la consigna ploteada de “vehículo recuperado de la corrupción”.
El DNU que presentó Macri establece también un mecanismo de recompensa que ya había sido utilizado por el Ministerio de Seguridad en el caso de los cuadernos. En este nuevo régimen, será el equipo fiscal el que podrá ofrecer hasta un 10% del valor de los bienes recuperados a aquellas personas que den información relevante para encontrarlos.
