La idea de intervenir la fiscalía especial para el caso AMIA, que dirige el fiscal Alberto Nisman, podría tomar color en las próximas semanas. En realidad lo que analiza el Gobierno es “sumar un fiscal Ad hoc para que colabore en el avance de la investigación” del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertes y dejó cientos de heridos.
El plan llega justo en un momento de fricción entre el fiscal que mantiene una postura crítica sobre el memorándum firmado por los gobiernos de Argentina e Irán. El acuerdo implica que autoridades judiciales argentinas viajen a ese país para interrogar a ex funcionarios iraníes sospechados de haber cometido el atentado, aunque no está claro si bajo el régimen de indagatorias que impone el Código Procesal local.
La polémica creció cuando desde el Gobierno se le negó a Nisman viajar a Estados Unidos para exponer ante la Cámara de Diputados de ese país detalles sobre las pruebas contra Irán y su infiltración en territorio americano.
La iniciativa de nombrar un fiscal Ad hoc comenzó a circular entre los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a PERFIL que la idea surgió de la Procuradoría General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
