Dirigentes de la oposición volverán a debatir hoy si piden juicio político para el intendente de Tartagal, Sergio "el oso" Leavy, implicado en el escándalo por el uso de facturas apócrifas para el cobro de trabajos especiales durante la reconstrucción de la ciudad tras el alud de barro, un presunto acto de corrupción que investiga el fiscal Juan Cabot.
En diálogo con Perfil.com, periodistas y vecinos de Tartagal coinciden en algo: "La cosa está pesada". Muchos no quieren hablar por miedo a represalias. La semana pasada, el debate en el Concejo debió ser suspendido porque piqueteros, aparentemente alineados al intendente, prohibieron el acceso al recinto donde se dirimía el futuro de Leavy. Los miembros del Concejo intentarán hoy llevar adelante la frustrada sesión, con el refuerzo policial y la expectativa de los medios.
El intendente, en diálogo con la emisora Informales FM 89.3, sostuvo que los concejales “deben sesionar llevando tranquilidad a la población” al tiempo que se mostró tranquilo por el curso de los hechos. Leavy señaló que todas las pruebas serán presentadas cuando lo requiera la Justicia y explicó que la renuncia de su secretaria de Hacienda, Daniela Trigo, no fue aceptada.
Perfil.com detalló la denuncia presentada por Martín Almaraz que dio cuenta de la falsificación de su firma para retirar dinero por obras que no realizó. La trascendencia pública de los hechos, más las pruebas que señalan que su cuñado se habría quedado con parte de los 200 mil pesos, aceleró el pedido de juicio político contra "el oso".
Por si fuera poco, la situación en Tartagal no ha mejorado. Otra investigación de Perfil.com reveló que de las 627 casas que prometió Cristina sólo se construyeron 10, y aún no fueron otorgadas.
Leavy, de 42 años, es un militante peronista que antes de desembarcar en política trabajó en empresas privadas. Pero en 2003 dio el gran salto y de la mano del kirchnerismo llegó a ser diputado provincial, apadrinado por el gobernador Juan Manuel Urtubey que, atosigado por el escándalo que salpica a uno de los suyos, le soltó la mano a fines de fines de julio: " Si existe algún problema legal lo tendrá que resolver la Justicia", dijo el mandatario provincial.
