Los ex funcionarios de Julio Cobos, investigados por avalar un crédito en condiciones irregulares son Alejandro Gallego, ex titular de Hacienda de la provincia durante la administración de Cobos y actualmente a cargo de las finanzas de la municipalidad de Mendoza; Laura Montero, ex ministra de Economía y ahora diputada nacional por esa provincia; Adriana Favier, ex Secretaria de Financiamiento de Mendoza y Jorge Tieppo, ex titular del Fondo para la Transformación quien se desempeña como Secretario Administrativo del Senado de la Nación.
Según el diario Los Andes, de Mendoza, estos funcionarios habrían avalado en 2005 un crédito de casi 9 millones de pesos a la empresa de transportes El Cacique –propiedad de Sergio Pensalfine, titular de AUTAM- que no cumplía con los requisitos establecidos para el préstamo. Por esa razón, el tribunal de Cuentas de Mendoza los condenó a pagar 1.000 pesos a cada uno. El matutino explica que el fallo 15.012 advierte que si la empresa (El Cacique S.A.) no paga la deuda, los ex funcionarios cobistas deberán responder con sus bienes.
Cobos no hizo esperar su reacción y en una nota enviada al diario Mendoza Online aseguró que no hubo irregularidades y que los funcionarios "están condenados a la persecución por haber tomado decisiones oportunas" y agregó: “Parece que quienes trabajaron conmigo están condenados a la persecución por el hecho de haber tomado las decisiones que la gente esperaba en los momentos oportunos. Los problemas de la gente se solucionan con funcionarios probos, que tomen decisiones; que no sean timoratos y que asuman sus propios riesgos, tal como es el caso de los funcionarios cuestionados hoy”.
En el mismo escrito, el vicepresidente se preguntó: “¿Por qué no se investigó todo esto en su momento?. Me llama la atención que aparezcan estas denuncias ahora”. Siempre según Mendoza Online, Cobos sostuvo que “si hubo en mi gestión una ley que fuera revisada, controlada, supervisada, consultada y observada con lujo de detalles fue la de transporte; la cual tuvo incluso hasta planteos de inconstitucionalidad. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para mejorar el transporte público de pasajeros, luego de más de 15 años de reclamos y postergaciones. El hecho concreto es que resolvimos el problema y parece ser que a mis funcionarios se los persigue por haber trabajado correctamente; por eso me llama poderosamente la atención lo del Tribunal de Cuentas y su digitada difusión”.
Para finalizar, Cobos explicó: “Está asegurada la devolución del préstamo en tanto y en cuanto es el propio Estado quien descuenta -de la recaudación realizada por Siemens- lo que la empresa debe pagar por el préstamo recibido, como así también con los impuestos actuales y aquellos otros que no habían sido pagados en los últimos diez años”.
Gallego, Montero, Tieppo y Favier habrían otorgado un crédito de 8.741.025 pesos a El Cacique, y que tenía como fin comprar nuevas unidades. El préstamo se devolvería en 54 cuotas. Pero el otorgamiento no habría respetado un punto del Reglamento de Condiciones Generales del Fondo para la Transformación que indica la imposibilidad de prestar dinero a las empresas inhibidas, inhabilitadas, concursadas y fallidas. La empresa El Cacique estaba en concurso de acreedores desde 2002.
El caso está ahora en manos del fiscal de Delitos Complejos Luis Correa Llano, quien investiga el supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Fuente: Los Andes y Mendoza Online
