POLITICA

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: ordenaron su captura internacional

El operador judicial del macrismo había pedido refugio en Uruguay. La jueza María Servini pidió su captura internacional y dispuso una inhibición general de bienes.

Pepín Rodríguez Asilo
El operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Simón Rodríguez. | NA

La jueza federal María Servini declaró este miércoles 19 de mayo en rebeldía al diputado del Parlasur Fabian "Pepín" Rodríguez Simón (Cambiemos), ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios.

La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del Gobierno de Mauricio Macri contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa del Grupo Indalo, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay, que pidió asilo político a dicho país por considerarse un "perseguido" y por temor por su seguridad y a ser encarcelado, por lo que no volverá al país para prestar declaración indagatoria.

Con el pedido de Servini, se le dio oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que notifique a las fuerzas de seguridad la medida y notificar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Y se exhortó a la Justicia uruguaya a que localice al operador judicial del macrismo y le prohiba su salida de dicho país.

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Por otro lado, la jueza ordenó el levantamiento del secreto bancario y que el Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación “arbitre los medios necesarios para notificar de las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”.

En ese marco se instó al al Presidente del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce que "arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional". Según el fallo de Servini, descartó que existan razones para que "Pepín" se considere un perseguido por razones políticas.

"Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021".

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Rodríguez Simón, a través de su abogado, Gustavo de Urquieta, había anunciado que el 15 de mayo estaría de regreso en la Argentina, puesto que el 17 de junio debía prestar declaración indagatoria en la causa en la que está imputado.   

"Ello quedó abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia", refutó Servini.

De qué acusan a "Pepín" Rodríguez Simón

El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo", que "habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)".

"Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos", añade la descripción de la jueza.

Servini advirtió que Rodríguez Simón cuenta con medios y relaciones para eludir la acción judicial, entre ellas que "pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional".

Ello configura "un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tenía en los diferentes estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente".

JD /  CP